Por Lola Portela
Una investigación de El Expediente destapó un hecho que sacude el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Documentos oficiales demuestran que Sandra Liliana Heredia Aranda, la jueza que emitió la condena en su contra por presunta manipulación de testigos, no cumplía con los requisitos legales para ejercer como juez penal del circuito.
De acuerdo con la Ley 270 de 1996, para ocupar un cargo en la judicatura es indispensable aprobar el concurso de méritos y el curso de formación en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sin embargo, registros del Consejo Superior de la Judicatura revelan que Heredia reprobó en tres ocasiones (2013, 2018 y 2022) el examen que habilita a los aspirantes para el cargo de juez.
Trayectoria de Sandra Liliana Heredia en la carrera judicial
- 2013: Presentó el concurso de méritos para juez penal del circuito y lo reprobó.
- 2014: Ante la imposibilidad de acceder al cargo de juez, concursó para el puesto de secretaria de juzgado de circuito, examen que aprobó, quedando inscrita en la carrera judicial en esa categoría.
- 2016: Solicitó una reclasificación del puntaje obtenido como secretaria de juzgado de circuito, la cual fue aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura.
- 2018 y 2022: Volvió a intentar el concurso para juez penal del circuito, pero en ambas ocasiones fracasó en las pruebas de mérito.
A pesar de ello, fue designada en provisionalidad, condición que solo puede extenderse por seis meses, plazo que ya había vencido cuando asumió el caso de Uribe.
Las revelaciones plantean interrogantes de fondo: ¿cómo llegó Heredia a ocupar el cargo?, ¿quién autorizó su nombramiento pese a los antecedentes?, y ¿por qué aceptó presidir un proceso de tal magnitud sin estar legalmente habilitada?
Las fuentes consultadas por El Expediente revelan que la jueza Sandra Liliana Heredia mantiene una estrecha cercanía con Eduardo Montealegre, exfiscal general y actual ministro de Justicia. Durante su paso por la Fiscalía, Montealegre habría facilitado la llegada de Heredia a la judicatura pese a no cumplir los requisitos que impone la Ley 270 de 1996, la cual obliga a aprobar un concurso de méritos para ser juez de la República.
La controversia crece porque, tras ser reconocido como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe, Montealegre vio cómo el caso quedaba en manos de Heredia mediante el sistema de reparto. Ambos son tolimenses, un vínculo que alimenta aún más las dudas sobre la transparencia de la designación y la imparcialidad en el fallo.
El marco legal es claro: los jueces deben superar el concurso y los nombramientos provisionales no pueden extenderse más de seis meses. De lo contrario, sus actuaciones carecen de sustento constitucional y legal. En este caso, todo apunta a que esas normas fueron ignoradas, lo que pone en jaque la validez de la condena contra el expresidente Uribe.
