Por Lola Portela
El presidente Gustavo Petro hoy 1 de septiembre, a través de su red X, salió a denunciar que desde el CNE se está dando un “golpe brutal a la democracia”, según él, al negar la personería jurídica al Pacto Histórico como partido único. Y, en su mensaje también señaló que la mayoría de los magistrados del tribunal pertenecen a la oposición. Y, como de costumbre, pretende levantar la polvorera en sus bases, con sus palabras:
“Todas las fuerzas internacionales y de justicia mundial deben moverse. Toda la movilización en Colombia”, escribió el mandatario.
Por eso, es fundamental, sin tapujos, mostrar cuál es la realidad del tema y lo que viene.
El proceso y los antecedentes
El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto para el próximo 11 de septiembre discutir y votar en Sala Plena la ponencia de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, en la que se concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 superó en más de $3.700 millones los topes legales de ingresos y gastos.
El caso se remonta a octubre de 2024, cuando el CNE decidió abrir investigación formal y formular cargos contra la campaña de primera y segunda vuelta del Pacto Histórico, así como contra el entonces gerente, Ricardo Roa (hoy presidente de Ecopetrol); la tesorera Lucy Mogollón; la auditora María Soto; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
La indagación se abrió luego de que se revelara que Nicolás Petro, hijo del presidente, habría recibido más de $1.000 millones de donantes en la Costa Atlántica que nunca llegaron a la campaña. Aunque este señalamiento no formó parte directa del expediente, fue uno de los detonantes para revisar las cuentas de la contienda presidencial.
Lo que plantea la ponencia
La ponencia que se someterá a votación contempla sanciones económicas millonarias:
- $2.252 millones contra Roa, Mogollón y Soto por financiación prohibida de personas jurídicas en la primera vuelta.
- $2.447 millones contra los mismos responsables por violación de topes de ingresos y gastos en la primera vuelta.
- $627 millones por financiación prohibida en segunda vuelta.
- $596 millones adicionales por exceso de topes en segunda vuelta.
En total, los tres exdirectivos de la campaña enfrentarían sanciones solidarias por más de $5.900 millones.
Adicionalmente, se ordena a Ricardo Roa devolver $165 millones correspondientes al arrendamiento del Movistar Arena, donde Petro celebró el triunfo electoral.
Los partidos también serían multados: Colombia Humana y Unión Patriótica con $583 millones cada uno, por permitir o tolerar irregularidades en la financiación de la campaña.
Copias a Fiscalía y Comisión de Acusación
El proyecto de resolución no solo impone sanciones económicas. También pide compulsar copias a la Fiscalía General para que investigue a Ricardo Roa por presunta financiación con fuentes prohibidas, violación de topes de campaña y posible fraude procesal.
A su vez, ordena enviar el expediente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la única entidad competente para investigar al presidente Petro, luego de que la Corte Constitucional fallara en junio de 2025 que el CNE no podía continuar el proceso contra él por su condición de jefe de Estado.La disputa dentro del CNE
La decisión del 11 de septiembre no será sencilla. Según fuentes, la Sala Plena estaría dividida en cuatro votos a favor de la ponencia (Campo, Martínez, Ortiz y Prada) y cuatro en contra (Baquero, Márquez, Quiroz y Echeverry).
La magistrada Alba Velásquez, cercana al Pacto Histórico, fue recusada y no podrá participar, por lo que de persistir el empate, tendría que intervenir un conjuez. Para que la ponencia sea aprobada se requieren al menos seis votos, es decir, mayoría calificada de tres cuartas partes de los magistrados.
Cabe recordar que el CNE está conformado por nueve magistrados elegidos en 2022 por el Congreso, según la representación de los partidos políticos en el Senado. Esto hace que, inevitablemente, las decisiones tengan un fuerte trasfondo político.
Lo que viene
De aprobarse la ponencia, se consolidarían las sanciones económicas y las remisiones a Fiscalía y a la Comisión de Acusación. De lo contrario, se mantendría la incertidumbre jurídica y política en torno a la financiación de la campaña Petro 2022.
Lo que se sabe es que estaría dividida la Sala Plena, cuatro magistrados a favor y cuatro en contra de la ponencia que determina que la campaña presidencial en 2022 superó los límites de ingresos y gastos; así como establece sanciones a los entonces gerente, auditor y tesorero; también los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana.
Votarían a favor de la ponencia los magistrados Campo, Martínez, Ortiz y Prada. En contra de la ponencia, Baquero, Márquez, Quiroz y Echeverry.
La magistrada Alba Velásquez no puede participar en la definición de esta investigación porque el CNE aceptó la recusación en su contra. Por ello, en caso de ser necesario, designará un conjuez.
Los conjueces concurren cuando no hay decisión en la Sala Plena. Después, se procede a dar la discusión y luego la votación. Si no se obtiene 6 votos a favor o en contra de la ponencia, que constituye la mayoría calificada, es decir, las tres cuartas partes de los nueve magistrados, hay que designar un conjuez.
La discusión del 11 de septiembre será crucial no solo para el futuro de Ricardo Roa y los demás exdirectivos de la campaña, sino también para el propio presidente Gustavo Petro, cuya responsabilidad política y jurídica aún está bajo la lupa del Congreso y de los órganos de control.
Cabe aclarar que este proceso no es porque se le este atacando, y mucho menos, como afirmó es un “golpe brutal a la democracia”, según pretende convencer a sus bases. Lo contrario, este es un proceso propio en defensa de la democracia. ya que quedó demostrado la violaciones de topes y los delitos electorales que cometieron los directivos y miembros de sus partidos políticos en cuestión.
