Por Lola Portela
Desde hace más de una década, Estados Unidos ha mantenido una postura crítica frente al régimen venezolano. Sin embargo, en los últimos años, el enfoque ha pasado de acusar a Nicolás Maduro de ser un dictador a retratarlo como el cabecilla de una organización criminal transnacional: el Cartel de los Soles. Esta narrativa, impulsada por agencias federales y el Departamento de Justicia, va más allá de la política y apunta directamente al terreno del crimen organizado.
La pregunta que surge es: ¿qué persigue Washington con este cambio?
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, su heredero político, Nicolás Maduro, asumió la presidencia de Venezuela. Desde entonces, el panorama del narcotráfico en el país ha sufrido una transformación profunda. Hoy, Venezuela enfrenta el riesgo de consolidarse como el cuarto productor de cocaína a nivel mundial, mientras el régimen de Maduro se erige como guardián de este negocio ilícito, controlando el acceso a sus enormes ganancias. Dichos beneficios no solo alimentan a las mafias del narcotráfico, sino también a políticos corruptos y a sectores de las Fuerzas Armadas vinculados al llamado Cartel de los Soles.
Así lo evidencia un reportaje de InSight Crime, resultado de más de tres años de investigación, cientos de entrevistas y trabajo de campo en las principales rutas del narcotráfico venezolano, revela cómo el país se ha convertido en uno de los epicentros globales del comercio de cocaína y expone el rol del régimen autoritario en la sostenibilidad de ese flujo de droga.
En marzo de 2020, el gobierno de EE. UU. acusó formalmente a Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de su gobierno de “narcoterrorismo”, conspiración para traficar drogas y corrupción. Se ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura. Según las autoridades estadounidenses y con pruebas, Nicolás Maduro lideraría el llamado Cartel de los Soles, una red integrada por militares venezolanos de alto rango y políticos chavistas involucrados en el tráfico de cocaína hacia Norteamérica.
El nombre, “Cartel de los Soles” proviene de las insignias con forma de sol que portan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, una de las instituciones señaladas como parte del esquema.
Más que una simple denuncia, esta acusación representa un cambio en la forma en que EE. UU. aborda el conflicto venezolano. Ya no se trata únicamente de un régimen autoritario; ahora se le trata como un Estado capturado por el crimen.
De dictadura a “narcoestado”
El lenguaje importa. Calificar a Nicolás Maduro de dictador enmarca la crisis venezolana dentro de la política interna y los derechos humanos. Sin embargo, presentarlo como líder de un cartel convierte el caso en una amenaza directa para la seguridad de EE. UU., similar a como ha actuado frente a organizaciones como las FARC, el Cártel de Sinaloa o Hezbollah.
Marco Rubio, secretario de Estado, ha sido contundente:
“Maduro NO es el presidente de Venezuela ni su régimen es legítimo. Es el jefe del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que ha tomado control del país. Y está imputado por introducir drogas en EE.UU.”
Pam Bondi, fiscal general de EE.UU., ha reforzado la narrativa:
“Maduro utiliza organizaciones criminales extranjeras como Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”.
Agregó que la DEA ha incautado “decenas de toneladas de cocaína vinculadas a Maduro” y que el Departamento de Justicia ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados, incluyendo jets y vehículos.
Y el Departamento del Tesoro (OFAC) también manifestó:
“La designación expone aún más la facilitación de narco‑terrorismo por parte del ilegítimo régimen de Maduro a través de grupos como el Cártel de los Soles”.
Este enfoque permite al gobierno estadounidense aplicar medidas más agresivas y ampliar el alcance de sus acciones. Ya no se trata solo de sanciones diplomáticas o económicas, sino de perseguir judicialmente a individuos por delitos federales. Bajo esta lógica, Nicolás Maduro no es un actor político con el que se pueda negociar una salida democrática, sino un fugitivo internacional.
¿Qué busca Estados Unidos?
Según analistas consultados por distintos medios internacionales, la estrategia tiene múltiples objetivos:
Justificar sanciones y presión internacional: Las acusaciones penales refuerzan el aislamiento de Maduro en la escena global y presionan a países aliados a tomar distancia.
Limitar posibilidades de negociación: Si Maduro es visto como narcotraficante, no como líder político, se reducen las opciones de ofrecerle garantías o exilios seguros. Esto bloquea posibles salidas negociadas.
Modificar el relato internacional: En América Latina y Europa, el término “dictador” aún genera divisiones ideológicas. En cambio, acusar a un gobierno de estar vinculado con el narcotráfico genera menos defensa pública.
Afianzar influencia regional: Al presentar a Venezuela como epicentro del narcotráfico, EE. UU. refuerza su presencia militar e inteligencia en países vecinos como Colombia y Brasil.
¿Qué significa esto para Venezuela?
No es secreto que la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, y el estado Zulia, en el noreste de Venezuela, han sido colegas criminales durante mucho Y de allí la preocupación en Colombia, por parte de algunos de la oposición, frente a la propuesta de Gustavo Petro y Nicolás Maduro de formar un Zona Bilateral, precisamente en esa región.
Y es que InSight Crime lo precisa: “La frontera entre los dos países en dicha región está delimitada por la Serranía del Perijá, una remota cordillera que ofrece excelentes condiciones climáticas para el cultivo de coca, así como la geografía ideal para ocultar los cultivos, los laboratorios y los grupos armados que los protegen, y así evitar que sean escubiertos por las autoridades”.
Y a renglón seguido la investigación, dice: “Históricamente, los colombianos y venezolanos en ambos lados de la Serranía del Perijá han desempeñado papeles complementarios en esta economía.
En el lado colombiano, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado sus vínculos con las comunidades campesinas locales para fomentar el cultivo de coca. Actualmente, la ex-FARC Mafia, las disidencias de las FARC que no reconocen el acuerdo de paz de 2016, mantienen su participación en narcotráfico.
En el lado venezolano, el acceso de Zulia al Caribe a través del Lago de Maracaibo, así como numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, han convertido al estado en un punto de despacho clave para los cargamentos de drogas hacia Centroamérica y el Caribe.”.
No es impreciso decir que la economía criminal que conecta a Colombia y Venezuela se sostiene gracias a una frontera altamente permeable, por donde circulan sin mayores obstáculos tanto mercancías ilícitas como personas. La dinámica es clara: mientras la cocaína producida en Colombia cruza hacia Venezuela para ser enviada al extranjero, miles de venezolanos migran en sentido contrario para emplearse en las plantaciones de coca al otro lado de la línea divisoria.
En las comunidades fronterizas, la presencia de estos trabajadores es tan notoria que los mismos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) logran identificarlos con facilidad. Un habitante de la zona, que pidió no ser nombrado por motivos de seguridad, explicó que: “los recolectores de coca siempre tienen las manos maltratadas; el color de su piel cambia. Los agentes de la GNB saben a quiénes apuntar en el otro lado y los dejan pasar, pero cuando regresan, les cobran una extorsión”.
Estos migrantes no solo llevan de vuelta a Venezuela el dinero indispensable para subsistir, sino también el aprendizaje técnico sobre el cultivo y la transformación de la coca. En el municipio de Jesús María Semprún, en el estado Zulia, InSight Crime entrevistó a uno de estos cocaleros que estaba de visita con su familia. Bajo anonimato, relató cómo consiguió empleo en una finca cocalera administrada por el ELN en Colombia y cómo, tras jornadas de trabajo extenuante, logró escalar posiciones dentro de esa estructura.
Presentar a Nicolás Maduro como jefe de una red criminal no es un invento, pero también refuerza la percepción de que Venezuela no atraviesa una crisis política común, sino que se ha convertido en un “narcoestado”, una categoría que rara vez encuentra soluciones diplomáticas.
La decisión de Washington de tratar a Nicolás Maduro como un criminal internacional más que como un gobernante autoritario es una estrategia política y judicial, respaldada con evidencias contundentes, y con objetivos claros. Busca aumentar la presión, cerrar la puerta a las concesiones y redibujar el conflicto venezolano en el terreno del crimen transnacional.
En Venezuela y en la región hay esperanza de cambio para Venezuela, porque en medio de este pulso geopolítico, los venezolanos siguen atrapados en una crisis económica, humanitaria y política que ahora muestra el camino de ver a Venezuela libre de tanto horror que ha vivido.
Y es que como afirman, con firmeza, líderes de la región: “con los delincuentes no se negocia, se les aplica la justicia”. Una frase recurrente en la precandidata presidencial de Colombia, María Fernanda Cabal.
