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Exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, se refugia en Nicaragua mientras enfrenta investigación por corrupción

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Por Lola Portela

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, se encuentra actualmente en Nicaragua, bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega, según confirmó la Fiscalía General de la Nación.

González abandonó Colombia en noviembre de 2024, en medio de un proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), un caso que involucra millonarios recursos públicos. Desde entonces, su paradero había sido un misterio, hasta que las autoridades confirmaron su presencia en territorio nicaragüense.

Según registros oficiales, el exfuncionario salió del país el 2 de noviembre de 2024 en un vuelo hacia San José, Costa Rica, acumulando un total de 23 movimientos migratorios. Sin embargo, no notificó a las autoridades judiciales sobre su viaje, lo que prendió alarmas en la Fiscalía.

¿Se voló y sus delitos quedarían en el aire?

La fiscal María Cristina Patiño, quien lidera la investigación del caso Ungrd, solicitó imponer una medida de aseguramiento intramural contra González, alegando que su salida sin notificación previa y su posterior desaparición demuestran una clara intención de eludir la acción de la justicia.

“El procesado, con pleno conocimiento de la investigación y su gravedad, decidió salir del país sin informar a la Fiscalía, y desde entonces no ha dado cuenta de su ubicación”, señaló Patiño durante una audiencia.

Sin embargo, según información de Noticias RCN, el exfuncionario, prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría obtenido residencia legal en Nicaragua con el respaldo del Gobierno colombiano.

La gestión para regularizar su estatus migratorio en Nicaragua se habría concretado el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos formalmente, según el medio citado.

Un informe elaborado por un experto en informática del CTI fue presentado a la fiscal Patiño, en el que se detalla que el 21 de mayo, durante la audiencia de imputación contra González, se registraron dos conexiones bajo el nombre de Carlos.

Una correspondía a un periodista, mientras que la otra, identificada como usuario anónimo, se conectó desde las 9:28 a. m. durante una hora y 29 minutos, coincidiendo con la presencia virtual del imputado.

El rastreo técnico determinó que la conexión provenía de un teléfono celular ubicado en Managua, lo que refuerza la hipótesis de que González se encuentra en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, como lo había declarado en su momento.

Gobierno Petro habría apoyado la legalización migratoria
De acuerdo con los supuestos documentos, una carta de la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua habría solicitado la regularización del estatus migratorio de González.

En el texto se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.

La respuesta de las autoridades nicaragüenses habría sido instruir a González para que se presentara en Migración en Managua y pagara los costos del trámite, que ascendieron a 56 dólares.

La coincidencia de fechas entre la supuesta gestión diplomática y la imputación de cargos ha generado cuestionamientos sobre una posible coordinación entre las autoridades colombianas y el avance del proceso judicial, lo que profundiza las sospechas sobre protección institucional.

González podría quedar en libertad: el embolate de la circular roja de Interpol
Aunque la Fiscalía y la Policía de Colombia cuentan con una orden de detención en su contra por su presunta participación como uno de los artífices del escándalo de la Ungrd, la efectividad de la medida fuera del territorio nacional depende de un trámite pendiente ante Interpol.

Desde el 4 de julio, la Fiscalía notificó formalmente a Interpol para que expidiera una circular roja que permitiera la detención de González en cualquiera de los más de 190 países miembros de la organización.

Sin embargo, más de un mes después, la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, no ha emitido respuesta.

Esta demora ha generado inquietud entre los investigadores colombianos, quienes consideran que la expedición de la circular suele ser un procedimiento casi automático, salvo que existan dudas sobre la naturaleza judicial de la solicitud.

Según expertos: “si en este momento el ex alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro es abordado en otro país, quedará libre, pues la circular roja no está vigente”.

Esta situación ha alimentado sospechas sobre posibles obstáculos burocráticos o consideraciones políticas en la tramitación del pedido. En el ámbito nacional, la orden de captura sí tiene efecto. El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, determinó que González debe ser privado de la libertad por la gravedad de los hechos en los que estaría involucrado como presunto cerebro de la red de sobornos.

La Fiscalía sostiene que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibieron $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente.

Los dos excongresistas permanecen detenidos en la cárcel La Picota, como resultado de las imputaciones que surgieron en el marco de esta red de corrupción.

Según el testimonio de Olmedo López, considerado un testigo clave en el caso, fue Carlos Ramón González quien dio instrucciones directas sobre cómo debían entregarse los recursos. Además, reveló que al menos dos reuniones realizadas en la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, fueron fundamentales para acordar tanto los montos como las rutas de distribución del dinero.