El sector arrocero colombiano vive una crisis profunda y que requiere respuestas en esa misma medida. Productores de distintas regiones del país denuncian que están siendo empujados a la quiebra por los bajos precios del arroz paddy verde, una sobreoferta persistente y lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del Gobierno nacional. Prensa Llanera consultó con expertos sobre la problemática.
Precios por el suelo y sobreoferta creciente
En los últimos años, la producción de arroz en Colombia ha crecido significativamente, generando una sobreoferta que ha presionado a la baja los precios pagados a los productores. Hoy, los valores de compra del arroz paddy verde están por debajo de los costos de producción estimados, una situación que, según los gremios arroceros, está llevando a miles de pequeños y medianos agricultores a la quiebra.
El gobierno ya publicó una resolución que establece precios mínimos por tonelada en distintas zonas del país, con valores que oscilan entre los $1.457.387 y $1.589.489, dependiendo de la región productora. Sin embargo, los productores sostienen que estos valores siguen siendo insuficientes para cubrir los costos reales, especialmente en un contexto de aumento sostenido en el precio de los insumos agrícolas.
La resolución que se publicó el viernes 1 de agosto precisa los precios por regiones: “Los análisis técnicos de las principales zonas productoras permitieron establecer que los precios por tonelada de arroz paddy verde quedan así: Bajo Cauca $1.491.478; Centro, $1.589.489; Costa norte, $1.512.785; Llanos, $1.457.387, y Santanderes $1.555.398. Y por ello, ya hay reacciones en Casanare.
Cabe recordad que por el panorama de inviabilidad económica, ya los arroceros habían realizado paros y bloqueos en los departamentos de Tolima, Meta, Huila, Casanare y Santander, entre otros. Los manifestantes exigieron entonces la implementación de un precio mínimo por carga de arroz, subsidios directos y una respuesta efectiva a los compromisos incumplidos por parte del gobierno desde movilizaciones anteriores.
Los productores hoy vuelven a expresar que los acuerdos firmados, en paros anteriores, no se han cumplido, especialmente en lo relativo a mecanismos de comercialización, créditos preferenciales y apoyo técnico. A esto se suma la competencia desleal o las importaciones y contrabando, especialmente desde la frontera con Ecuador, presionando adicionalmente los precios internos. Y en ese sentido se hace urgente la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos, especialmente desde Ecuador, tema relacionado hasta con lavado de activos.
Medidas oficiales y vigilancia al comercio
Y en respuesta a la crisis, el Gobierno nacional ha tomado algunas medidas, incluyendo la regulación de los precios mínimos de compra del arroz paddy verde y el fortalecimiento de la trazabilidad del mercado. La resolución emitida exige que todos los compradores reporten semanalmente en la plataforma SIRIARROZ los precios pagados, las cantidades adquiridas, condiciones de pago y localización de las compras.
Y se advierte además que los incumplimientos serán sancionados y reportados a la Superintendencia de Industria y Comercio. El Ejecutivo insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo de cadena entre todos los actores del sector —productores, molinos y comercializadores— para recuperar la estabilidad del arroz en Colombia.
Impacto en seguridad alimentaria y sostenibilidad del sector
El arroz es uno de los alimentos básicos más consumidos por los colombianos. La prolongación de esta crisis podría tener consecuencias directas en la seguridad alimentaria del país, tanto por el riesgo de desabastecimiento como por un eventual incremento en los precios al consumidor.
Estudios recientes y diagnósticos del sector concluyen que se requieren reformas estructurales profundas para garantizar la sostenibilidad del cultivo en el largo plazo, incluyendo inversiones en infraestructura, apoyo al almacenamiento regulado, regulación de importaciones y fortalecimiento del poder de negociación de los pequeños productores.
El futuro del sector dependerá de la voluntad política para implementar cambios estructurales y de la capacidad de involucrar a todos los actores involucrados para alcanzar un acuerdo que asegure condiciones justas, competitividad y estabilidad para una cadena productiva clave en la dieta y economía del país.
