Por Lola Portela
Este 27 de julio, Colombia vivió un momento histórico que, sin duda, sacudió los cimientos del sistema judicial y político: el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable, en primera instancia, por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal. Un fallo que, más allá de lo jurídico, ha encendido una mecha política de alto voltaje.
Uribe no es cualquier político. Es una figura con una trayectoria de peso, con un legado que marcó un antes y un después en la lucha contra las guerrillas. No se puede negar que su gobierno transformó el país en materia de seguridad y que su voz aún retumba con fuerza en sectores mayoritarios de la población. Por eso, la condena no es solo un asunto legal: es un disparo político que divide aún más a un país polarizado y encendido.
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal no lo pudo resumir mejor: “Aquí se despierta un león dormido”. Porque lo que esta decisión judicial ha generado no es el fin de Uribe, sino el renacimiento de un movimiento que se siente perseguido, atacado y vilipendiado por una justicia que muchos consideran instrumentalizada por intereses ideológicos.
¿Coincidencias? Difícil creerlo. A Uribe se le condena mientras su partido enfrenta el dolor del atentado reciente contra Miguel Uribe, otro precandidato del Centro Democrático. Mientras tanto, la izquierda en el poder guarda silencio ante los crímenes de sus aliados históricos y políticos. La pregunta que flota en el ambiente es evidente: ¿esta justicia actúa con la misma severidad para todos?
El hecho de que la jueza Sandra Heredia, miembro de un sector judicial con inclinaciones visibles hacia la izquierda, sea quien condena al exmandatario, justo en este momento político tan delicado, solo alimenta las sospechas de una persecución. Lo que debía ser una demostración del poder judicial como institución neutral se ha convertido, para muchos, en evidencia de que la balanza no está equilibrada.
Lo grave aquí no es únicamente la condena, sino el precedente. ¿Qué confianza puede tener un ciudadano común en una justicia que parece actuar según el clima político? ¿Qué garantías existen para la oposición si el poder judicial termina operando como un brazo del Ejecutivo o de ideologías dominantes?
Este viernes 1 de agosto se conocerá la sentencia definitiva. Y todo indica que será un día de alta tensión. ¿Habrá cárcel para Uribe? ¿Se mantendrá la decisión o será revertida en instancias superiores? Lo cierto es que lo que suceda marcará el tono del debate electoral rumbo al 2026. La condena de Álvaro Uribe se convertirá en un emblema de campaña, una bandera de lucha tanto para quienes lo apoyan, como para quienes celebran su caída.
En un país donde la corrupción ha sido pan de cada día y donde la impunidad ha protegido a tantos, con menos trayectoria que Uribe, esta condena genera más sospechas que certezas. No por el fallo en sí, sino por el contexto, el momento y las formas.
Colombia no se amilana. Al contrario, se enciende. Y ese “león dormido” del que habla María Fernanda Cabal ya no solo ruge: empieza a avanzar.
