Por Lola Portela
En un fallo sin precedentes en la historia judicial de Colombia, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
La sentencia, emitida tras una maratónica audiencia de más de ocho horas, y con 1000 hojas de lectura del fallo, marca la primera vez que un exmandatario colombiano es hallado culpable en un proceso penal de esta magnitud, en lo que ya ha sido denominado por analistas como “el juicio del siglo”.
Durante la lectura del fallo, la jueza Heredia fue enfática en señalar que el fraude procesal “quedó suficientemente probado” y que el abogado Diego Cadena, por instrucción directa del expresidente Uribe, visitó internos en la cárcel de Cómbita para obtener declaraciones falsas. “Se demostraría que Diego Cadena, por instrucción del señor Álvaro Uribe Vélez, visitó internos de la cárcel de Cómbita (…) con el propósito de obtener declaraciones falsas orientadas a desvirtuar la compulsa de copias emitidas contra Uribe Vélez”, afirmó la magistrada.
La jueza también lo señaló como determinador de los sobornos ofrecidos a los testigos Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés. Según su análisis, Uribe habría facilitado pagos y ofrecimientos con el objetivo de manipular testimonios que lo vinculan con grupos armados ilegales.
Entre las pruebas clave se incluyeron interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado, así como grabaciones del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. La jueza también avaló documentos y testimonios presentados después de la compulsa de copias emitida por la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2018.
La reacción en el país fue inmediata. Mientras sectores de izquierda calificaron la decisión como un triunfo de la justicia, desde la derecha se denunció una persecución judicial. “Un día triste para la democracia colombiana”, fue el sentir expresado por múltiples ciudadanos y dirigentes políticos cercanos y no cercanos al exmandatario.
Hasta el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se expresó, con respecto al fallo: “El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.
Y es que el veredicto en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe generó también caos y controversia entre los principales sectores políticos del país. Mientras desde la izquierda se celebra como un acto de justicia, desde la derecha se rechaza, porque se ve como una persecución política con toda la falta de garantías.
El presidente Gustavo Petro, por su parte expresó su respaldo a la jueza encargada del caso de Álvaro Uribe y a su familia, al asegurar que contarán con apoyo institucional sin importar el resultado del proceso. Reafirmó que su Gobierno es democrático y que esto no comprometerá la seguridad de la togada.
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal le respondió: “Esto no decía el 6 y 7 de noviembre de 1985 cuando con el M-19 se tomaron el Palacio de Justicia, tampoco cuando presionaron la elección de la Fiscal General de la Nación”.
Álvaro Uribe apagó su cámara tras ser acreditado en un delito, pese a que debía mantenerla encendida
Durante la audiencia en la que fue señalado responsable del delito de soborno en actuación penal, el expresidente Álvaro Uribe apagó su cámara en plena transmisión virtual, a pesar de que la normativa exige mantenerla encendida durante todo el procedimiento.
El gesto ocurrió justo cuando la jueza Sandra Heredia exponía los mecanismos de engaño que, según su análisis, se emplearon en la estrategia de defensa del exmandatario.
La jueza había resaltado momentos antes que Uribe conocía y participaba de la estructura diseñada para influir en el testimonio del testigo Juan Guillermo Monsalve, cuya retractación estaba en el centro del caso.
La defensa del expresidente ya apeló el fallo. Ahora será el Tribunal de Bogotá el que tenga la última palabra sobre uno de los procesos más controvertidos en la historia reciente del país.
