Por Lola Portela
La juez Sandra Heredia se enfrenta al caso más relevante y trascendental del derecho penal colombiano: el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. Este proceso, que ha sacudido a la opinión pública y dividido al país, pondrá a prueba no solo la imparcialidad del sistema judicial, sino también la integridad y valentía de quienes tienen en sus manos la decisión sobre el destino de una figura política que ha sido, y continúa siendo, un referente de la política colombiana.
El día lunes 28 de julio, la jueza Heredia tendrá que dar el fallo sobre el expresidente Álvaro Uribe. Decisión que será evaluada bajo el más riguroso escrutinio, tanto dentro de Colombia como en el ámbito internacional. Más allá de las presiones políticas y las posibles reacciones de apoyo o rechazo, el pronunciamiento de la jueza será recordado como un hito histórico, no solo por la relevancia del acusado, sino por lo que representa para el futuro de la justicia en Colombia.
Y es que el compromiso de la jueza no puede estar alineado con intereses políticos ni ideológicos. La única obligación que debe regir su decisión es el derecho. En una sociedad donde la impunidad ha sido un flagelo recurrente, cualquier decisión errónea podría resultar catastrófica, especialmente si se llega a condenar a un inocente en un contexto marcado por la indignación popular, hacia la falta de justicia para crímenes de lesa humanidad.
Este fue un juicio donde la credibilidad de los testimonios clave de la Fiscalía, mostraron contradicciones evidentes. Además, la falta de pruebas directas que vinculen a Uribe con actividades ilícitas, y la manipulación hasta de audios. La jueza tiene en sus manos un fallo que debe basarse únicamente en pruebas legales y verificadas, excluyendo aquellos elementos que puedan haber sido obtenidos de manera ilegal o que no cuenten con el respaldo suficiente.
Hay enorme inquietud porque este juicio no sea utilizado como un instrumento de revancha política. Cabe recordar las recientes intervenciones de figuras como Timochenko y Diosdado Cabello, quienes han intentado influir en el curso de la justicia colombiana.
Y, por eso, el ambiente se ha visto más tensionado con pronunciamientos de personajes como Diosdado Cabello, ministro venezolano, y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ex máximo jefe de las Farc. En el caso de Timochenko, la comunicación destaca que celebró la posible condena de Uribe Vélez, que, como presidente, combatió con contundencia a las Farc, organización criminal de la que formó parte el exguerrillero.
El abogado Víctor Mosquera mostró preocupación por las declaraciones del miembro del régimen de Nicolás Maduro y exlíder de las extintas Farc:
“Estos pronunciamientos no deben ser tratados como expresiones legítimas de opinión pública. Son intervenciones abiertas de criminales reconocidos que pretenden incidir en un proceso judicial soberano, afectando la percepción pública y poniendo en riesgo la independencia del juzgado. Emitidas días antes del fallo, dichas declaraciones buscan influir indebidamente en la administración de justicia, desnaturalizando su imparcialidad e integridad”.
Y agregó: “A la luz de los estándares internacionales, artículos 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la independencia de la judicatura, y el mandato para la Relatoría Especial sobre la independencia de jueces y abogados, prorrogada recientemente por la resolución del Consejo de Derechos Humanos 53/12; la justicia penal debe desarrollarse libre de presiones externas, especialmente cuando proviene de actores con antecedentes criminales de alta connotación internacional. Permitir que estas voces incidan directa o indirectamente sobre el curso de un proceso judicial de alto perfil, socava la integridad institucional y debilita la confianza en el Estado de derecho”.
Son pertinentes todas las apelaciones que se le han hecho a la jueza Heredia para que se mantenga firme, independiente y fiel al derecho, sin sucumbir a las presiones externas. Y es que en medio del “juicio”, como lo expresó María Fernanda Cabal se evidenció, además: “la presencia del Petro-Santismo y la Habana detrás de este infame proceso”. Y Cabal al respecto agregó: “este país lo apoya y acompaña en espera de justicia”.
Sin duda la decisión que se tome en este caso, no solo marcará la historia de Álvaro Uribe sino también el futuro del sistema judicial colombiano, poniendo en juego el respeto a la ley, la democracia y la transparencia en el ejercicio de la justicia. El “caso de Uribe” es objeto de análisis y estudio desde la academia.
