Por Lola Portela
El Gobierno de Gustavo Petro encendió una nueva polémica con una propuesta que, según múltiples sectores, representa una amenaza directa al Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, impulsa un proyecto de ley que otorgaría beneficios penales a cabecillas de estructuras criminales bajo el modelo de la Paz Total. La propuesta abre la puerta a la excarcelación anticipada de criminales tras cumplir penas mínimas de entre cinco y ocho años, siempre que inicien un proceso de sometimiento judicial y entreguen parte de sus bienes.
Uno de los aspectos más controversiales es que, del total de los bienes entregados o intervenidos, solo el 65% se destinaría a reparar a las víctimas, mientras que el 15% sería usado en proyectos sociales liderados por los mismos condenados, lo que ha sido calificado por críticos como un “premio al crimen”.
Además, plantea que los condenados no necesariamente paguen su pena en centros carcelarios convencionales, sino en colonias agrícolas, casas étnicas y centros de “armonización”, lo que muchos interpretan como una justicia paralela e indulgente.
Riesgos legales y debilitamiento institucional
Juristas y analistas advierten que esta propuesta puede abrir un precedente peligroso, al permitir que criminales de alto perfil negocien penas reducidas sin cumplir estándares claros de verdad, reparación y garantías de no repetición. Se teme que se consolide un modelo de justicia selectiva, sujeto a conveniencias políticas, y que se debilite la capacidad coercitiva del Estado frente a estructuras armadas ilegales.
También se advierte un riesgo internacional: facilitar la permanencia en Colombia de narcotraficantes que deberían enfrentar extradición por delitos transnacionales, al protegerlos bajo acuerdos internos disfrazados de paz.
Rechazo desde las regiones y la Fuerza Pública
La indignación fue inmediata. El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, expresó:
En un evento público, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, también se refirió a la política expuesta, cuestionando que el presidente no tenga ideas similares, pero para ofrecer mejores oportunidades a los jóvenes en el país.
“Todo lo que sea criminalidad y violar la ley le encanta al presidente Petro. Todo el que sea bandido está seguro en el número favorito del teléfono del presidente Petro. Se reúne con ellos, los sube a la tarima, les ofrece libertad.
Además, ambos mandatarios coinciden en que esta política representa un agravio para los policías y militares que han arriesgado —y perdido— la vida enfrentando a los grupos armados, y que ahora ven cómo sus victimarios podrían quedar en libertad con aval gubernamental.
Las víctimas, otra vez invisibilizadas
Para las víctimas del conflicto y del crimen organizado, la propuesta significa una nueva revictimización. El hecho de que criminales puedan acceder a beneficios judiciales, sin garantías plenas de verdad y reparación ha sido calificado por varios líderes sociales como una forma de impunidad disfrazada de reconciliación.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal fue tajante:
Una “paz” con sabor a impunidad
La iniciativa sería radicada en el Congreso el 20 de julio, pero desde ya enfrenta un ambiente de fuerte rechazo social, jurídico y político. Mientras el Gobierno defiende la propuesta como una vía para desmantelar estructuras armadas y avanzar hacia la paz, sus críticos denuncian que en nombre de esa paz se está negociando la justicia y debilitando las instituciones del país. Además de poner en riesgo la autonomía del voto en las elecciones 2026.
