Por Lola Portela
La firma del Decreto 0799 por parte del presidente Gustavo Petro desató una oleada de críticas que rápidamente sacudió el escenario político y judicial del país. La decisión, sancionada el 9 de julio de 2025, fue recibida con una batería de cuestionamientos desde diversos sectores, especialmente por parte de la oposición, que no tardó en acusar al Ejecutivo de fraguar un ataque institucional directo al Consejo de Estado.
La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una demanda contra el decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro que modifica las reglas para el reparto de tutelas en contra del Presidente de la República. La medida traslada estas acciones del Consejo de Estado —máxima autoridad contenciosa del país— a jueces ordinarios.
Cabal calificó la decisión como un “golpe silencioso” al sistema judicial, al considerar que debilita los controles institucionales sobre el poder presidencial. “Este decreto es ilegal, inconstitucional y funcional al abuso de poder. Pretende neutralizar al único tribunal que podía ejercer control real sobre las decisiones del Presidente”, denunció.
Además precisó: “Aquí Petro y su Ministro de Justicia viola el principio del juez natural. Las tutelas contra el Presidente exigen el mayor rigor técnico y neutralidad, que solo puede ofrecer un tribunal como el Consejo de Estado. Ahora, bajo el nuevo decreto, cualquier juez de circuito, sin experiencia ni especialización, podrá fallar tutelas contra el Jefe de Estado”.
También explicó que la reforma implica que incluso las tutelas relacionadas con temas sensibles como la seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos o decisiones ejecutivas de alto impacto, dejarán de estar en manos del Consejo de Estado para ser decididas por jueces de circuito. La precandidata presidencial alerta que estos jueces no tendrían la experiencia ni las garantías suficientes de independencia frente al poder Ejecutivo.
Además, la Senadora también afirmó que Petro está usurpando funciones del Congreso. “Modificar la estructura judicial por decreto es violar la Constitución. Cualquier cambio en la administración de justicia debe hacerse mediante una ley estatutaria, debatida y aprobada por el Congreso y revisada por la Corte Constitucional. Aquí se saltaron todos los pasos”, aseguró.
Finalmente, María Fernanda Cabal advirtió que este acto es parte de un patrón más amplio de concentración de poder: “Ya tomaron la Fiscalía, presionan a la Corte Constitucional y ahora buscan despojar al Consejo de Estado de su rol de control. Este régimen no quiere límites. Quiere obediencia ciega y total impunidad”.
