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“La paz no se negocia, se impone con autoridad”: Cabal propone una política de seguridad con enfoque estatal

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Por Lola Portela

En un conversatorio programático virtual, sobre seguridad nacional; moderado y liderado por el expresidente Álvaro Uribe, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal pidió una reforma profunda a la justicia penal militar y garantías jurídicas para integrantes de la Fuerza Pública.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal hizo un llamado, este domingo 13 de julio, a una reforma estructural de la justicia penal militar, argumentando que los integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía están siendo objeto de una persecución judicial tras cumplir con su deber.

Durante un conversatorio programático liderado por el expresidente Álvaro Uribe, Cabal aseguró que los uniformados enfrentan procesos arbitrarios y sin garantías judiciales. “Yo no prometo, me comprometo a restablecer el fuero militar para que nuestra Fuerza Pública tenga las herramientas legales necesarias para defender a los colombianos”, declaró. También criticó que muchos soldados y policías, tras sufrir heridas graves o incluso perder la vida en servicio, terminan siendo judicializados por un sistema que —según ella— los abandona.

La senadora también cuestionó el papel de la Fiscalía, al señalar que estaría influenciada por organizaciones no gubernamentales de izquierda, las cuales, según su afirmación, promueven litigios estratégicos y campañas mediáticas contra la Fuerza Pública, mientras ignoran crímenes como el reclutamiento forzado de menores, atentados contra la infraestructura y el narcotráfico.

Cabal argumentó que el sistema actual de justicia penal militar no brinda las garantías necesarias, y criticó que casos derivados de operaciones legítimas sean trasladados a la justicia ordinaria, donde —afirmó— fiscales sin conocimiento del contexto militar conducen procesos sin pruebas suficientes ni respeto por la presunción de inocencia.

Además, la precandidata manifestó su rechazo a la suspensión de la aspersión aérea con glifosato y calificó el Acuerdo de Paz firmado en La Habana como una “rendición del Estado de derecho”. En su intervención, propuso establecer una política de seguridad estatal permanente, desligada del enfoque de los gobiernos de turno. “La paz no se negocia, se impone con autoridad”, sentenció, reiterando su enfoque de “garrote y luego zanahoria”, como estrategia para enfrentar la criminalidad.