Por Lola Portela
La precandidata presidencial María Fernanda Cabal encendió el debate nacional al denunciar, a través de sus redes sociales, la impunidad frente a los crímenes cometidos por las FARC durante el conflicto armado. En su publicación, subrayó que más de 18.000 menores fueron reclutados, abusados sexualmente y forzados a abortar por la antigua guerrilla, hechos que calificó como crímenes de guerra que no pueden quedar en el olvido.
“En este país solo habrá paz el día que tengamos justicia. Los criminales de las FARC cometieron al menos 18.677 delitos contra menores de edad. Eso no puede quedar en el olvido”, escribió en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
Su mensaje se basa en los recientes testimonios de excomandantes de las FARC ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quienes admitieron el reclutamiento forzado de miles de niños y adolescentes. Estas confesiones, lejos de cerrar heridas, reabren el debate sobre los resultados del acuerdo de paz y la legitimidad de los beneficios otorgados a los excombatientes.
Un reclamo por la memoria y la reparación
Cabal, reconocida por su férrea oposición al acuerdo de La Habana, denunció que mientras los responsables de estos crímenes ocupan cargos públicos, las víctimas siguen sin ser escuchadas ni reparadas:
“Mientras las víctimas son excluidas y olvidadas, los victimarios gozan de impunidad, cargos en el Estado y cero responsabilidad”.
Esta denuncia ocurre en un contexto de creciente escepticismo frente al papel de la JEP, cuyos procesos han sido cuestionados por su lentitud y falta de sanciones efectivas. Para muchos colombianos, el sistema transicional parece más enfocado en la reconciliación política que en garantizar justicia real para las víctimas.
Crímenes sistemáticos que siguen sin castigo
Diversos informes respaldan las afirmaciones de Cabal: entre 1996 y 2006, el reclutamiento de menores fue una práctica común en las filas de las FARC, lo cual constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Pese a las confesiones presentadas ante la JEP, ningún alto mando de la guerrilla ha sido condenado penalmente. En cambio, varios de ellos hoy hacen parte del Congreso y otras estructuras del Estado, situación que genera profunda indignación entre las víctimas y sectores de la ciudadanía.
Una voz incómoda en la contienda electoral
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, María Fernanda Cabal consolida su imagen como una figura que plantea una alternativa firme frente a los efectos del proceso de paz. Su discurso gira en torno a la seguridad, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de justicia sin impunidad.
Su mensaje es claro: la paz no se puede construir sin verdad ni justicia, y no es posible reconciliarse como sociedad si se ignora el sufrimiento de quienes fueron más vulnerables en el conflicto.
Mientras Colombia sigue buscando un camino hacia una paz duradera, voces como la de Cabal insisten en que el perdón no puede otorgarse sin condiciones, y la memoria de las víctimas debe prevalecer sobre los privilegios de los victimarios.
