Por Lola Portela
El diario El País de España publicó este domingo 29 de junio una revelación que ha generado gran impacto político en Colombia: una serie de audios que involucran al exministro Álvaro Leyva en un supuesto plan para sacar de la presidencia a Gustavo Petro antes de finalizar su mandato en agosto de 2026.
Según el medio español, Leyva se habría reunido hace dos meses con asesores cercanos al expresidente estadounidense Donald Trump, buscando respaldo para su idea de remover a Petro del poder, antes del fin de su periodo constitucional. Sin embargo, la iniciativa no habría tenido acogida en ese país.
Tras conocerse esta información, surgieron múltiples reacciones en el ámbito político colombiano. Una de las más controversiales fue la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien realizó publicaciones en sus redes sociales que fueron inmediatamente desmentidas por el periodista autor del reportaje.
Daniel Quintero escribió:
“Las grabaciones revelan que atentado a Miguel Uribe era parte de un plan para hacerle un golpe de estado al Presidente de Colombia”.
La afirmación fue refutada de inmediato por el periodista de El País, Juan Diego Quesada, quien respondió:
“En ningún momento dicen eso las grabaciones, ni siquiera se infiere. Qué irresponsabilidad, qué bajeza. Deja de usar a Miguel Uribe”, escribió el autor del artículo.
A pesar del desmentido, Quintero reiteró su postura con otra publicación:
“Juan Diego, las grabaciones del País se suman a la información que nosotros tenemos. Tengo la convicción de que el atentado a Miguel Uribe tenía por objeto tumbar al gobierno. Leyva a su vez tenía a Miguel entre las ficha claves del juego político. Coinciden además los grupos criminales que estarían detrás de ambos hechos”.
Nuevamente, el periodista del medio español le respondió con contundencia:
“No se suman, Daniel. Para nada. Y yo firmo esa información”.
El cruce de declaraciones evidenció, una vez más, la tensión entre el periodismo investigativo y la interpretación política que algunos actores hacen de la información publicada, abriendo un nuevo capítulo en la controversia sobre el uso de versiones no verificadas en el debate público.
