ONU denuncia alarmante aumento de casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia, con un impacto desproporcionado en comunidades indígenas, afrodescendientes y migrantes.
Por Redacción de Derechos Humanos
En Colombia, la guerra no ha terminado para los más vulnerables. En apenas tres meses de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado una realidad desgarradora: 118 alegaciones de reclutamiento o utilización de menores por parte de actores armados. De estas, 51 casos fueron verificados —28 niños y 23 niñas— muchos de ellos indígenas, afrodescendientes o migrantes venezolanos no acompañados.
La Oficina alertó sobre un preocupante aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes durante 2025, en un contexto agravado por la tensión preelectoral que atraviesa el país. La violencia, lejos de disminuir, se recrudece en los territorios más olvidados, donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.
El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Scott Campbell, advirtió sobre el uso creciente de plataformas digitales por parte de grupos armados ilegales para atraer menores de edad. Esta nueva modalidad de captación convierte las redes sociales en trampas invisibles que aprovechan la ingenuidad, la necesidad y la falta de acompañamiento de la niñez colombiana.
Infancia en la línea de fuego
En Catatumbo, los enfrentamientos entre grupos armados no estatales han dejado huellas irreparables. La ONU ha verificado ataques a escuelas, homicidios de menores reclutados, desplazamientos forzados y detenciones arbitrarias. En esta región, dos menores murieron en combate, y muchos de los afectados provienen de familias migrantes venezolanas sin redes de apoyo, un factor que agrava su vulnerabilidad.
Pero la situación no es aislada. En Meta y Guaviare, 22 niños y niñas fueron utilizados por estos grupos, siete de ellos murieron en un solo enfrentamiento en Calamar (Guaviare) en enero. Muchos venían de lejos: Cauca, Caquetá, Arauca, Valle y Vaupés. Reubicados por los armados, fueron arrebatados de sus comunidades para alimentar la guerra.
Y en el Norte del Cauca, el pueblo Nasa enfrenta una emergencia silenciosa. La Asociación de Cabildos Indígenas ha registrado 69 casos de reclutamiento en lo que va del año, mientras que el Consejo Regional Indígena reporta la desaparición de 28 niños y niñas, posiblemente forzados a vincularse con grupos ilegales.
Niñez indígena y afro: doblemente vulnerada
Los pueblos indígenas y afrodescendientes siguen siendo blanco preferido del conflicto. Entre 2022 y 2024, el 48,3 % de los casos verificados por la ONU correspondieron a menores de estas comunidades. Las razones son tan crudas como estratégicas: los grupos armados buscan en ellos “resistencia” y conocimiento del territorio. Pero al arrancarlos de sus raíces, no solo se perpetúa el conflicto, sino que se acelera el riesgo de exterminio físico y cultural de pueblos enteros.
A esta violencia se suman los casos de violencia de género. Las niñas representan el 39,7 % de las víctimas, muchas de ellas captadas mediante engaños disfrazados de relaciones afectivas. La ONU ha alertado sobre el uso de prácticas de manipulación emocional con fines sexuales, sumando una capa más de abuso sobre cuerpos y vidas infantiles ya vulneradas.
El crimen también recluta
Más allá del conflicto armado, las organizaciones criminales —en zonas rurales y urbanas— también reclutan menores para vigilancias, transporte de armas o incluso para cometer homicidios. Sin uniformes ni signos distintivos, muchos de estos niños pasan inadvertidos para el sistema judicial y de protección. Su rehabilitación exige un enfoque restaurativo, no punitivo.
La herida de la pobreza y el olvido
¿Qué tienen en común las víctimas? Una historia previa de abandono. Familias monoparentales, pobreza extrema, desescolarización, enfermedades no tratadas, consumo de sustancias, violencia intrafamiliar o sexual. Estos factores estructurales —no atendidos por el Estado— son el terreno fértil que explotan los reclutadores.
Especial preocupación genera la niñez migrante, especialmente la no acompañada. A la pobreza se suma la falta de documentación, redes de apoyo y acceso a derechos básicos. Para ellos, la integración a grupos armados no siempre es una elección, sino la única forma de sobrevivir.
¿Dónde están las respuestas?
Mientras las cifras crecen, la protección sigue siendo insuficiente. Las comunidades denuncian, pero son intimidadas y silenciadas. Líderes sociales enfrentan amenazas, y los mecanismos de justicia y reparación siguen siendo lentos y fragmentados.
La denuncia de la ONU es un llamado urgente al Estado colombiano y a la comunidad internacional: la infancia no puede seguir siendo una víctima invisible del conflicto armado ni del crimen organizado. La indiferencia, en este contexto, es complicidad.
Las cifras son personas. Las víctimas, niños. Y la violencia, una cadena que solo se rompe con verdad, justicia y políticas integrales que prioricen la vida y los derechos de quienes más lo necesitan.
