Por Lola Portela
En el documento de la Procuraduría se expone como argumento de los quejosos el hecho de que la firma del cuestionado decreto constituye una acción contraria a la Constitución Política y a la ley colombiana, toda vez que no hay concepto previo, favorable y vinculante del Congreso de la República. Todo lo contrario, el Senado negó la consulta en una votación llevada a cabo el 14 de mayo de 2025.
El organismo respondió a queja interpuesta por el concejal de Bogotá Daniel Briceño, junto con Cristina Plazas y Alberto Boek Huyke, contra los ministros por ir en contra de lo que establece la Constitución colombiana, para efectos de convocar a una Consulta Popular.
“Esta actuación no solo vulnera el principio de legalidad, sino que desnaturaliza los límites constitucionales de la participación política, afecta la separación de poderes, compromete gravemente el erario público, y se ejecutó con conocimiento pleno de su ilicitud, pese a advertencias públicas y reiteradas de múltiples autorizadas del mundo jurídico”, se lee en el documento.
Y, en ese contexto, el organismo de control abrió una indagación previa y ordenó decretar la práctica de pruebas. A la indagación serán vinculados los ministros y ministras que suscribieron el decreto:
Ministro del Interior, Armando Benedetti
Ministra de Relaciones Exteriores encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy
Ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas
Ministro de Justicia y del Derecho encargado, Augusto Alfonso Ocampo Camacho
Ministro de Defensa Nacional, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez
Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino Villegas
Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez
Ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez
Ministro de Minas y Energía encargado, José Luciano Sanín Vásquez
Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas
Ministro de Educación Nacional, José Daniel Rojas Medellín
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargado Christian David Díaz Bulla
Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Julián Molina Gómez
Ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla
Ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanai Kadamani Fonrodona
Ministra de Deporte, Patricia Duque Cruz
Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ángela Yesenia Olaya Requene
Ministro de Igualdad y Equidad, Carlos Alfonso Rosero
Y mientras se surten las investigaciones en la Procuraduría, la Corte Constitucional tiene otra tarea, ya que el jueves 12 de junio ingresó a la Corte el cuestionado decreto que convoca la Consulta Popular, en la que la ciudadanía votará varias preguntas sobre el régimen laboral nacional. Aunque la reforma Laboral en este momento se discute en el Congreso.
En los próximos días, el caso será asignado a un magistrado, quien deberá analizar la constitucionalidad del decreto, considerado contrario a la ley, teniendo en cuenta que el presidente avanzó en la convocatoria pese a que el Senado había rechazado con anterioridad la propuesta.
El Gobierno argumentó que la expedición de éste decreto se basa en el artículo 4º de la Constitución Política, que establece la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier norma legal. Con base en este precepto, la Presidencia declaró inaplicable el acto legislativo que hundió la Consulta.
