Por Lola Portela
Procuraduría comprobó sobrecostos por más de $898 millones en contrato de alimentación escolar
La Procuraduría General de la Nación sancionó a cinco exfuncionarios públicos del departamento de Arauca por irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), derivadas del Contrato de Prestación de Servicios 469 de 2019. El ente de control comprobó sobrecostos por $898’121.782 y fallas graves en la planeación, contratación y supervisión del servicio durante la pandemia.
Los principales sancionados fueron William Arévalo Quintero, exsecretario de Educación de Arauca, y Uriel Niño López, exgerente de Contratación (E), quienes fueron destituidos e inhabilitados por 9 años y 6 meses.
Según la Procuraduría, Arévalo intervino en los estudios del modificatorio 1 del contrato y firmó un adicional por $3.793’564.800, sin contar con estudios previos serios que justificaran los costos de las raciones para preparar en casa. Esta omisión derivó en sobrecostos millonarios, afectando a estudiantes de zonas rurales y urbanas.
En el caso de Niño López, se evidenció que participó en la etapa contractual sin asegurar que los estudios enviados por la Secretaría de Educación cumplieran con la normativa. Además, omitió publicar todos los documentos del contrato, incumpliendo su deber como líder de contratación.
Más sanciones por contratos irregulares durante la pandemia
La Procuraduría también destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por suscribir el adicional 2 del contrato, con un valor de $4.242’584.008, sin estudios que cumplieran los lineamientos de la Unidad de Alimentación Escolar, en el contexto del Covid-19.
Gobernador sancionado por omitir estudios de mercado
El exgobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, fue sancionado con suspensión de 12 meses, convertida en salarios de la época, por firmar el modificatorio 1 del contrato por $14.078’860.590, sin estudios de mercado que evitaran sobrecostos en el cambio de modalidad de ración.
Por su parte, la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, fue sancionada con una multa equivalente a 20 salarios mínimos e inhabilitada por 10 años para ejercer funciones públicas o contratar con el Estado. La Procuraduría consideró que incumplió su deber de vigilancia y control del contrato.
El supervisor del contrato de interventoría, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, recibió una suspensión de tres meses, también convertida en salarios, por no cumplir adecuadamente con sus funciones de supervisión.
El Ministerio Público concluyó que la conducta omisiva de los sancionados facilitó que el contratista Unión Temporal Alimentar Arauca 2019 impusiera una ración para preparar en casa deficiente, con pocos ingredientes que no alcanzaban para 20 almuerzos por estudiante. Esto representó una grave afectación a los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación, especialmente durante la emergencia sanitaria.
La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3 indicó que contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
