Por Lola Portela
En este año 2025, puede pasar a la historia el 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Y por eso hay tensión. El presidente Gustavo Petro convocó a las bases de la izquierda, aprovechando la coyuntura de las marcha que tradicionalmente se dan ese día.
Y en ese contexto, durante el pasado fin de semana llegaron a Bogotá cerca de 20 mil indígenas, de 105 etnias, provenientes de varias regiones y que representan a las siete grandes organizaciones de pueblos indígenas que tiene el país, como: la Onic, la Opiac, el Cric y la Confederación Indígena Tayrona.
Estas organizaciones llegaron a engrosar las marchas de celebración del Día del Trabajo, y por petición de Petro buscan presionar, en las calles, por la Consulta Popular que el gobierno aún no ha presentado al Congreso, ni ha sido aprobada por el Senado.
Se armó una gran polémica porque las comunidades se establecieron en la Universidad Nacional buscando techo, ante el frío y clima de la capital, pero interrumpiendo completamente la vida académica de la Universidad.
Colombia se pregunta ¿Por qué se movilizan si la reforma Laboral no les compete?, ya que la mayoría no trabaja, y si lo hace no están cobijados por el mismo régimen laboral. Y, allí surge otra discusión, porque la coyuntura de esta marcha, aparentemente, les es ajena. En varias entrevistas de investigación, muchos no tienen ni idea de los motivos de salir a marchar. Lo que sí está comprobado es que han recibido contratos al menos por 450 mil millones de pesos, por parte del gobierno Petro. Y, hay hasta evidencia de que, en lo corrido del año 2025, van 10 mil millones, según demostró la investigación y denuncia del concejal de Bogotá Daniel Briceño.
Entonces se cuestionan muchos la instrumentación del pueblo indígena. Y los más versados, que figuran como los voceros de las organizaciones indígenas, y personas que acompañan procesos de algunas comunidades, dicen que “los pueblos indígenas perciben al Gobierno como un aliado y a sus reformas como necesarias para que haya las transformaciones sociales que el país necesita”. Y al mismo tiempo, esos mismos líderes creen que “aún no se han saldado las “deudas históricas” que tiene la sociedad colombiana y el Estado con ellos, y que se acaba el plazo para hacerlo”.
Me das y yo te doy: GANA A GANA
Si bien es cierto que los pueblos indígenas perciben al gobierno como “un aliado”, de acuerdo a cómo el gobierno resuelva la tensión actual, dependerá para que la minga, en su totalidad, salga el jueves 1 de Mayo a marchar, en favor del Gobierno.
“Ha sido la primera vez en la historia de este país que el movimiento indígena se une a una propuesta política, una propuesta de cambio, que nos incluyó en su plan de gobierno”, dice Juan Alberto Sánchez, delegado político de la Opiac, en la minga, la organización que reúne a los pueblos de la Amazonía.
Y es que Gustavo Petro, se la ha jugado bien al nombrar a Lena Estrada, ministra de Ambiente, la primera indígena en ocupar un cargo de ese nivel en el país. Y al comienzo de su gobierno, nombró a Leonor Zabaleta como embajadora ante las Naciones Unidas, una lideresa indígena en un puesto diplomático. Además a Giovani Yule, como director de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras. Y eso lo celebran los indígenas, tres sectores, donde nunca había estado un indígena como líder, antes.
Además, el año pasado, el ministerio de Ambiente también expidió un decreto que reconoce a las comunidades indígenas como autoridades ambientales en su territorio, y exige que el Sistema Nacional Ambiental se coordine con ellas.
Adicionalmente, el presidente Petro ha centrado su discurso en hablar en nombre del 20 por ciento de la población que siente que el Estado ha estado en su contra, y que habita en la periferia, el mismo en el que se ubican las comunidades indígenas. Eso explica que aunque las reformas sociales, que promueve el gobierno, no benefician a los indígenas directamente, a ellos les generan empatía.
“El movimiento indígena es partidario de la transformación de la sociedad colombiana con gobierno amigo o sin gobierno amigo”, dice Hollystem Jajoy, del pueblo Inga de Putumayo.
Y hasta varios integrantes como los del resguardo Yanacona en el Cauca, que están en la minga, explicaron que apoyan las reformas sociales del gobierno por considerarlas beneficiosas para los sectores populares y contrarias a intereses de las élites, como si en Colombia, el resto que no es indígena, fuera “una élite”. Ese es el discurso que divide, cuando Colombia es un sólo país.
Pero más allá de la cercanía ideológica con el gobierno y el simbolismo que tiene el 1° de Mayo para la movilización social en general, las comunidades indígenas están esta semana en Bogotá porque sienten que el tiempo para los cambios que piden se está acabando. A este gobierno le queda solo un año, empieza la época preelectoral y ley de garantías, y la probabilidad de que venga un gobierno de otra corriente, es alta.
¿Cuáles son las exigencias de los pueblos indígenas en esta minga?
A pesar de los jugosos contratos con algunas organizaciones, las comunidades indígenas sienten que los cambios estructurales que exigen, siguen en el aire.
“Nosotros vemos muy cerca el pensamiento del gobierno de Petro, pero muchas veces ese pensamiento es engañoso, traicionero, uno se contenta con lo que dice el gobierno pero al momento de ejecutarlo no se cumple o se hace diferente”, complementa Fabio Valencia, representante del Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí del que hacen parte cuatro comunidades indígenas, entre Amazonas y Vaupés.
Las exigencias de las organizaciones indígenas que llegaron desde el domingo 27 de abril están plasmadas en un documento con nueve puntos. En términos generales piden al gobierno expedir normas que hagan efectivos sus derechos: las entidades territoriales indígenas (Etis), su sistema de salud y de educación propios como política de Estado, y con financiación directa. También solicitan que les den participación activa en la construcción de la ley de competencias que habilitará la reforma al sistema de descentralización y con ella el aumento en 15 puntos porcentuales de los giros a las regiones. Estas son sus demandas:
