Por Lola Portela
“Es imperativo que los países de América Latina prioricen, de una vez por todas, la lucha contra el crimen organizado”. Es la advertencia del Banco Mundial (BM), que en su último reporte sobre el tema, presentado este 28 de abril en Washington, dibuja un escenario tan sombrío como complejo de resolver.
El BM apunta en su informe “Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe” que esos problemas agravan el ya frágil panorama económico de la zona, cuyo PIB está previsto que avance un 2.1% en 2025 y un 2.4% en 2026, “lo que la posiciona como la de menor crecimiento a nivel mundial”. Las consecuencias negativas de este crecimiento son múltiples, dice el Banco Mundial.
“Su dominio ha aumentado no solo en países como Colombia, Brasil o México, donde el narcotráfico y los grupos criminales, de una u otra forma, han estado presentes durante décadas, sino también en nuevos países”, dice el informe.
“El crimen organizado y la violencia obstaculizan el camino hacia el desarrollo”, precisa el Banco Mundial, y enumera una larga lista de consecuencias negativas para el crecimiento económico.
“La incertidumbre sobre los derechos de propiedad reduce y distorsiona la inversión; la extorsión y la inseguridad aumentan los costos de transacción de las empresas y reducen su competitividad; los gastos improductivos en seguridad pública desvían recursos del gasto en salud, educación e infraestructura, que podrían mejorar la vida de las personas; las víctimas de violencia ven reducida su capacidad para acumular capital humano; los delitos a activos o propiedades erosionan el capital físico; el narcotráfico, la minería ilegal y los delitos contra la flora y fauna deterioran el capital natural a través de la deforestación y la contaminación del agua; las comunidades que viven bajo el dominio del crimen organizado pierden sus libertades básicas; la infiltración en las instituciones estatales debilita la calidad de los gobiernos y la provisión de servicios esenciales”, describe el texto.
El informe llama la atención sobre los altos niveles de violencia letal que registra América Latina con respecto a otras regiones. “Aunque representa solo el 9% de la población mundial, registra un tercio de los homicidios. En la primera década de este siglo, la tasa promedio de homicidios en América Latina fue 5,4 veces mayor que la del mundo (22,0 frente a 4,1), y la brecha se ha ampliado en los últimos 20 años a ocho”.
El problema se produce en un contexto de instituciones débiles que agravan el problema en lugar de mitigarlo. “La lucha contra el crimen organizado se ve obstaculizada por deficiencias en los sistemas carcelarios, las fuerzas de policía y los sistemas de justicia. En muchos lugares, los grupos de crimen organizado han tomado el control de las cárceles y gestionan el crimen desde adentro”.
Falta de oportunidades
“El crimen organizado se alimenta de la falta de oportunidades, la insuficiente presencia del Estado y la debilidad institucional”, describe el informe. Y advierte que cualquier solución sostenible en el tiempo debe atacar esas falencias. “En el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad”-
En lo inmediato, sin embargo, es necesario fortalecer el poder del Estado en seguridad, priorizando la capacidad de las cárceles, con una mejor policía y una justicia que “mitigue las expresiones más dañinas del crimen organizado y controle su expansión”. “También debe dar prioridad a intervenciones de prevención dirigidas a jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos criminales. Ambos esfuerzos requieren mejores datos y estudios para orientar el diseño de las políticas públicas (…) La prevención no puede reemplazar las políticas de seguridad, pero es un complemento fundamental. Igualmente, una buena política de seguridad sin medidas de prevención será insuficiente en el largo plazo”, precisa el informe.
El Banco Mundial cita a modo de ejemplo El Salvador, donde las maras (MS-13 y Barrio 18) estuvieron involucradas en extorsión y cobros de tarifas de protección en todo el país durante décadas y aproximadamente el 79% de los negocios pagaban esa penalización.
“Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento”, añade William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe en la institución.
Según sus conclusiones, obstaculizan la lucha contra el crimen organizado las deficiencias en los sistemas carcelarios, fuerzas de policía insuficientes, sistemas de justicia débiles y una falta de oportunidades para los jóvenes que facilita su reclutamiento por parte de las bandas en Latinoamérica.
El Banco Mundial considera clave contar con instituciones bien equipadas e insta a consolidar una agenda diseñada para fortalecer la capacidad del Estado contra la delincuencia organizada, incluyendo reformas policiales, el fortalecimiento de los procesos judiciales y la mejora de los sistemas penitenciarios, que en muchos lugares están controlados por esos grupos.
