Por Lola Portela
No paran las polémicas por el día cívico anunciado por el presidente Gustavo Petro para promover las marchas convocadas por el Gobierno nacional, en favor de las reformas laboral y a la salud que se tramitan en el Congreso y que, hasta el momento, están en cuidados intensivos.
La senadora María Fernanda Cabal aseguró que las instituciones del Estado, las administraciones locales y departamentales, y los servidores públicos son víctimas de presiones, por parte del Ejecutivo para apoyar las movilizaciones del 18 marzo, pese a los reparos que ha recibido desde diferentes sectores políticos y sociales.
“El Procurador General de la Nación se debe pronunciar ante el abuso de un día cívico con el que pretende Petro obligar el país a marchar. Cada entidad territorial es autónoma y debe decir si sale o no”, señaló la senadora en su cuenta de X.
Por su parte, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, informó que la convocatoria abarca los 32 departamentos de Colombia, con especial énfasis en las principales ciudades, donde se espera un amplio nivel de participación ciudadana.
“Vamos a defender las reformas y a iniciar el camino a la Consulta Popular. Estos son los puntos de concentración en todo el país”, afirmó el funcionario mientras revelaba los puntos estratégicos de concentración.
Gustavo Petro es el primer mandatario que convoca al pueblo colombiano, usando recursos del Estado, para demostrar que cuenta con su respaldo, con miras a una Consulta Popular. Y, cuyo objetivo es demostrar el apoyo a sus controversiales “reformas”. Entre ellas, la reforma Laboral, la reforma a la Salud.
¿Saldrá Colombia a marchar?
Esa pregunta la conoceremos el 18 de marzo. Aunque el dolor patrio es mucho, por la crisis en la salud.
Y es que en Colombia el “Chu, chu, chu”, es más que una expresión, además de ser tendencia en redes sociales, es el resumen de cómo el presidente Gustavo Petro le dio el golpe de gracia a un sistema de salud que ha ayudado a salvar muchas vidas en Colombia.
Esa expresión será recordada como la destrucción del sistema de salud, para imponer una reforma, que es lo que tiene a Colombia “mendigando por medicamentos”, luego de haber acabado con el sistema que existía a través del “chu, chu, chu” a las EPS, fue una muerte anunciada, por el mismo Gobierno, al iniciar su mandato.
Esa inolvidable frase, “Chu, chu, chu”, la dijo Gustavo Petro en la primera entrevista que dio como presidente al periodista Daniel Coronel: “¿Si yo quisiera acabar las EPS sabe qué hago? No presento el proyecto de reforma. Dejo que pase lo que está pasando”. Coronel con sarcasmo le anotó: “Y les demora un poquito los pagos…”. Y Petro remata: “Y chu-chu-chu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada… sus afiliados tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Entonces los afiliados, tienen que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar”.
Efectivamente, el presidente Petro lo único que hizo fue esperar. Esperar a que se destruyera el sistema. Como si para eso lo hubieran elegido los colombianos: para esperar.
Ahora la situación ya ha cobrado muchas vidas, y cientos de pacientes mueren, lentamente, por falta de la continuidad en sus tratamientos.
Mientras tanto, el Gobierno Petro se niega a pagar las deudas con las EPS, que a su vez con ese dinero le deben pagar a las droguerías y a las IPS. Y éstas son responsables de pagar los servicios prestados a los hospitales y clínicas y con ese dinero es que se ponen al día también las nóminas de médicos, enfermeras y demás personal de la salud.
El “chu, chu, chu” aplicado a la salud consistió entonces en hacer colapsar económicamente a varias EPS, para luego ser intervenidas por el Gobierno. Sin embargo, el Ministerio de Salud, aunque tiene la orden de la Corte de pagar, no lo ha hecho, no resuelven la deuda. Es una dura realidad que muchos, ni se atreven a creer, todavía. Tal vez, esperan a que la enfermedad o la muerte toquen a su puerta personal o familiar.
Cabe anotar que en Colombia, cada trabajador paga obligatoriamente un porcentaje por su salud y la de su familia y el resto lo paga el empresario o empleador. Otros colombianos, como independientes, pagan la totalidad del monto. Eso quiere decir que ¡la salud no es un regalo! para la mayoría de los ciudadanos.
Además, parte de los impuestos, como los de “rifas, juegos y espectáculos” se han utilizado para fortalecer el sistema de salud en Colombia. Luego, no hay explicación lógica para este caos financiero en la salud. Más allá del capricho de un presidente, que desea imponer un modelo donde el sistema dependa plenamente de la política o gobernante de turno.
Escollos de la reforma Laboral
Gustavo Petro no aceptó el rechazo de la Comisión Séptima del Senado a su reforma Laboral y es el motivo de convocar a marchar.
El contenido del articulado de la reforma Laboral hizo que se detuviera su avance en el Congreso, porque genera un choque con el sector empresarial, las PyMEs y el mercado laboral en general. Si no se ajusta de manera responsable y balanceada, podría convertirse en una amenaza para el empleo y la estabilidad económica de Colombia.
Y es que realmente, al leer detenidamente el contenido la reforma Laboral propuesta por Gustavo Petro se evidencia que enfrenta serios obstáculos que dificultan su implementación, porque genera consecuencias negativas para la economía colombiana. Entre los principales escollos se destacan:
Aumento desmesurado de los costos laborales: La reforma impone un alza significativa en los costos para los empleadores, con medidas como el aumento del salario mínimo y la expansión de los beneficios laborales, lo que podría ahogar a muchas empresas, especialmente a las pequeñas y medianas. El sector privado, que ya enfrenta dificultades económicas, considera que esta presión adicional podría terminar por reducir la capacidad de contratación y fomentar el despido masivo de empleados.
Riesgo de desestabilización laboral: Aunque se busca proteger los derechos de los trabajadores, la reforma propone modificaciones que algunos sectores interpretan como una flexibilización que podría terminar vulnerando la estabilidad laboral de los mismos. El cambio en las condiciones laborales podría abrir la puerta a una precarización del empleo, creando un escenario donde los trabajadores tengan más derechos sobre el papel, pero menos seguridad en la práctica.
Rechazo rotundo de las PyMEs: Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía colombiana, están siendo golpeadas por una reforma que podría asfixiarlas. La imposición de una formalización obligatoria de los trabajadores y el aumento de los costos laborales podrían hacer inviable la operación de muchas PyMEs, generando un mayor desempleo y potenciando la informalidad en el país, que es precisamente lo contrario de lo que la reforma pretende lograr.
Burocracia insostenible: La reforma implica un aumento considerable en la carga administrativa para las empresas, especialmente para las más pequeñas. Las nuevas normativas generarán un cúmulo de trámites y regulaciones que se traducirán en más costos operativos, lo que podría llevar a muchas compañías a recortar personal o, incluso, a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de asumir esos nuevos desafíos burocráticos.
Incertidumbre económica y fuga de inversiones: El panorama generado por la reforma podría hacer que Colombia pierda atractivo para las inversiones extranjeras. Las empresas internacionales, al percibir un entorno laboral más riguroso y costoso, podrían decidir desinvertir en el país, lo que impactaría negativamente en el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
Tensión irreconciliable entre sindicatos y empresarios: El fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, una de las apuestas clave de la reforma, podría generar un conflicto abierto con los empresarios, que ya se sienten desbordados por las nuevas cargas. Si bien los sindicatos ven en esto una oportunidad para mejorar las condiciones laborales, para muchos empresarios es una amenaza a su capacidad de operar con flexibilidad, lo que generará un enfrentamiento constante en la mesa de negociaciones.
El 18M, como llamaron a la marcha está en la mira nacional e internacional:
Muchos de los que llegarán a las ciudades están instrumentalizados, sus viajes (ida-vuelta) y asistencia a la marcha tienen un pago y un costo para el presupuesto nacional. Y, hay quienes afirman que hasta grupos al margen de la ley harán parte de las concentraciones. Y en ese contexto, se espera que sea una protesta pacífica y no destrucción de vienes públicos y el inicio de un viaje sin retorno, para crear el caos nacional.
Los gobernantes regionales, en su mayoría, expresaron su rechazo al decreto de Día Cívico impuesto por Gustavo Petro, para impulsar la asistencia a esta marcha.
Y es que la decisión de Gustavo Petro de declarar el 18 de marzo como Día Cívico ha generado un debate especialmente por el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades políticas.
Según indicó el mandatario, esta medida busca facilitar la asistencia de trabajadores del sector público a las movilizaciones, lo que ha sido interpretado por la mayoría de los colombianos como una estrategia para presionar al Congreso y ganar apoyo popular en un momento crítico para su agenda legislativa.
