Por Lola Portela
La propuesta de realizar una Consulta Popular sobre las reformas en Colombia, propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, abre un nuevo debate y controversia a nivel nacional.
Si bien la democracia de Colombia tiene la virtud de involucrar a los ciudadanos en las decisiones políticas, también presenta varios inconvenientes que deben ser considerados, especialmente cuando se trata de reformas significativas que afectan a sectores claves del país, como el laboral, la salud o el agrario.
Prensa Llanera considera importante detallar algunos de los principales inconvenientes de llevarse a cabo una consulta popular sobre reformas en Colombia.
Fragmentación del debate político
En un sistema democrático, el debate sobre reformas es una herramienta fundamental para llegar a soluciones consensuadas. Sin embargo, la consulta popular puede fragmentar el diálogo político, ya que las reformas podrían ser reducidas a una simple pregunta binaria: sí o no. Esto podría hacer que el debate se simplifique demasiado y no aborde los matices y las complejidades de los temas en cuestión.
Además, la consulta popular puede ser utilizada para polarizar aún más a la sociedad, ya que los ciudadanos tienden a tomar decisiones de acuerdo con sus inclinaciones políticas, ideológicas y emocionales, en lugar de una evaluación profunda de las implicaciones de la reforma. Esto puede resultar en decisiones poco fundamentadas que no necesariamente reflejan el mejor interés del país.
Desinformación y falta de claridad
Un problema recurrente en las consultas populares es la falta de información clara y comprensible para la población en general. Si los ciudadanos no entienden completamente los efectos de las reformas propuestas, pueden tomar decisiones basadas en información errónea o sesgada. En un país como Colombia, donde las brechas de educación y acceso a la información son amplias, esto puede generar una respuesta distorsionada ante temas complejos.
Además, las campañas de desinformación y manipulación de la opinión pública pueden influir significativamente en el resultado de la consulta, lo que plantea un riesgo de que las decisiones sean tomadas en un clima de confusión o malentendidos.
Bajo nivel de participación
A pesar de los esfuerzos por fomentar la participación ciudadana, las consultas populares en Colombia pueden no lograr la alta participación necesaria para garantizar la legitimidad de los resultados. En elecciones pasadas, la participación en referendos y consultas ha sido baja, lo que puede generar cuestionamientos sobre la representatividad de los resultados. Una participación escasa podría hacer que los resultados de la consulta no reflejen la verdadera opinión de la mayoría de la población.
Si la consulta no logra involucrar a un amplio espectro de la ciudadanía, las reformas aprobadas podrían carecer de la base popular necesaria para ser implementadas de manera efectiva.
Costos económicos y logísticos
La organización de una consulta popular es costosa. Implica la movilización de recursos para garantizar la infraestructura necesaria, como urnas, mesas de votación, personal electoral, campañas de sensibilización y difusión, entre otros. En un contexto económico complicado, donde el país enfrenta dificultades fiscales, el gasto en una consulta popular es cuestionable desde ya por la sociedad, que preferirían ver esos recursos invertidos en otras áreas de urgencia, como salud, educación y seguridad.
Riesgo de paralización política
La consulta popular puede convertirse en un factor de paralización en la política colombiana. Si los resultados de la consulta son contrarios a las reformas que propone el gobierno de Gustavo Petro, esto podría generar un estancamiento en la implementación de las políticas públicas. La reforma a sectores clave, como el sistema de salud, pensiones o el agro, podría verse retrasada o incluso detenida por la falta de apoyo popular, lo que podría derivar en un escenario de mayor conflicto entre las instituciones democráticas y la administración gubernamental.
Efectos en la estabilidad institucional
La consulta popular sobre reformas, si no es bien gestionada, podría generar tensiones entre los diferentes poderes del Estado. El Congreso, que tiene la facultad constitucional para aprobar reformas de gran calado, podría ver en la consulta una amenaza a su poder legislativo, mientras que el gobierno podría utilizarla para desafiar a la oposición política. Esto podría llevar a un mayor clima de polarización y enfrentamiento entre los diferentes actores políticos, en lugar de un consenso constructivo que favorezca el bienestar general.
Podemos concluir que aunque la consulta popular es una herramienta democrática poderosa que se estableció en la Constitución del 91 para involucrar a los ciudadanos en las decisiones políticas, en el caso de las reformas propuestas por Gustavo Petro en Colombia, presenta varios inconvenientes que no deben pasarse por alto: La fragmentación del debate político, los riesgos de desinformación, la baja participación y los elevados costos económicos son solo algunos de los desafíos que acompañarán a este tipo de procesos.
Por lo tanto, es crucial que se valoren todas las alternativas antes de optar por una consulta popular, considerando la complejidad de las reformas, y el contexto social y político del país.
¿Qué es una Consulta Popular?
La Ley 134 de 1994 establece que una consulta popular es una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. Es sometida a consideración del pueblo por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, para que este se pronuncie formalmente al respecto, en las urnas.
La pregunta formulada para la consulta debe someterse a un examen de constitucionalidad, por parte de las autoridades judiciales. Y para que sea válido el resultado de las votaciones debe participar al menos la tercera parte del censo electoral y la opción ganadora será aquella que obtenga la mitad más uno de los sufragios.
Sin embargo, para la realización de una consulta popular de carácter nacional, el texto que se sometería a la decisión del pueblo debe ir acompañado de la justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, enviado por el presidente de la República al Senado para su aprobación.
Es importante aclarar que el gobierno de Colombia, bajo el mandatario que sea, no puede pasar por encima del Congreso para hacer reformas. En el sistema político colombiano, el poder legislativo (el Congreso) tiene un papel fundamental en la creación, modificación y aprobación de las leyes y reformas, incluidas las reformas constitucionales.
Y es que el pueblo de Colombia debe recordar y entender que el país, por fortuna, tiene un sistema democrático basado en la separación de poderes, lo que significa que el Ejecutivo (presidencia del gobierno), el Legislativo (Congreso) y el Judicial (Corte Suprema y otras entidades judiciales) tienen funciones separadas y equilibradas. El Congreso, como parte del poder legislativo, tiene la facultad exclusiva de hacer leyes y reformas.
Cualquier presidente de Colombia puede presentar proyectos de ley, pero el Congreso es el que decide si las aprueba o no. Los congresistas tienen el derecho de modificar, rechazar o aceptar el proyecto propuesto.
¿Será que el Senado de Colombia le dirá sí a una consulta popular, que pretende que las reformas del Ejecutivo pasen, como un paquete cerrado, tal cual como las propone el Gobierno de Gustavo Petro, sin ser justificadas o discutidas, como lo establece la ley?
