El proyecto de ley que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado y ahora continuará su trámite en plenaria.
Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo corregir una deuda histórica con la educación superior pública, modificando la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las instituciones de educación superior, con el fin de garantizar su sostenibilidad financiera. La reforma permitirá fortalecer la cobertura, calidad y acceso a la educación superior, asegurando recursos para infraestructura, desarrollo institucional y, por primera vez, financiación para instituciones técnicas y tecnológicas.
Durante el debate, el presidente de la Comisión Sexta, senador Pedro Flórez, destacó la importancia del proyecto y la participación activa de los distintos actores del sector educativo. “Este proyecto es el resultado de un diálogo amplio e inclusivo con estudiantes, docentes, rectores y expertos. Estamos construyendo un acuerdo nacional para la financiación de la educación superior pública”, afirmó.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, resaltó que este proyecto representa una apuesta sin precedentes para mejorar la competitividad y el desarrollo del país a través de una educación superior más equitativa y robusta. “Estamos comprometidos con una transformación estructural que garantice los recursos adecuados para las universidades y que, a su vez, contribuya al crecimiento del país”, indicó el jefe de la cartera.
Entre el 2000 y 2023, las matrículas en las instituciones de educación superior pública han aumentado 176%, mientras que las transferencias de la nación solo han crecido un 62% en precios reales de 2023, por lo que llegó el momento de un cambio.
“Cuando llegamos al gobierno, solo se destinaban 0,4 puntos porcentuales del PIB al funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas, este gobierno haciendo un esfuerzo lo llevo al 0,54. Con voluntad política y apoyo del Congreso, buscamos llegar al 1% y seguir asi acercarnos al promedio OCDE”, precisó Daniel Rojas Medellín.
“La educación debe ser un derecho universal y gratuito. Este gobierno apuesta por fortalecer la universidad pública, eliminando barreras de acceso y destinando recursos públicos para su crecimiento. Avanzar en cobertura y financiamiento estructural es clave para la equidad y la justicia social”, señaló la senadora Sandra Jaimes.
El debate también contó con la presencia de estudiantes y representantes de distintas universidades, quienes manifestaron su respaldo al proyecto.
El próximo paso en el proceso legislativo será la discusión y votación en plenaria del Senado, donde se espera continuar con el debate amplio e informado. El Congreso y el Gobierno Nacional han reafirmado su compromiso con la educación superior como un pilar fundamental para el desarrollo del país.
