El presidente ejecutivo de Fedegán José Félix Lafaurie Rivera advierte alerta sobre expropiación exprés en el Catatumbo, al amparo de la Ley de Conmoción Interior.
Advierte que utilizar atribuciones extraordinarias de la Ley de gestión del riesgo de desastres para expropiar tierras en el Catatumbo como medida de Conmoción Interior no resuelve el problema de violencia.
Lo primero es restaurar el orden y resguardar las propiedades de 40.000 desplazados que ahora mismo no están pidiendo tierras, sino seguridad.
En el recién expedido Decreto 108 -precisó el dirigente gremial-, el Gobierno da muchas vueltas en la exposición de motivos para aterrizar en la Ley 1523 de 2012, que adopta la política de gestión del riesgo de desastres, donde encontró lo que buscaba desde el Plan de Desarrollo y luego en el proyecto de Jurisdicción Agraria: Una medida sumaria de expropiación administrativa con el mínimo de recursos para el propietario.
“Es increíble, señaló Lafaurie, que en la exposición de motivos el Gobierno mismo confiesa que acude a la Ley 1523 porque ‘la aplicación del procedimiento de expropiación agraria regulado en la Ley 160 de 1994… genera demoras’ ¿Y por qué es demorado? Porque garantiza la intervención de un juez en el derecho del afectado a defender la propiedad de su predio”.
El Catatumbo, sometido a la maldición del cultivo de coca
La situación en el Catatumbo es, sin duda, un desastre, pero no se pueden trasplantar unas medidas extraordinarias de la Ley de Gestión del riesgo de “desastres naturales”, a una Ley expedida en el marco de la declaratoria de Conmoción Interior por la situación de orden público en la región, que sufre un verdadero desastre, sí, pero de ilegalidad y violencia, el desastre de la guerra entre bandidos por el control territorial para mantener sometido al Catatumbo a la maldición del cultivo de coca, el narcotráfico y toda suerte de rentas ilegales.
Sin embargo, en gracia de discusión, si el decreto llegare a pasar el examen constitucional, no podría usarse como pretexto para extender a otras regiones del país ese régimen excepcional y trasplantado desde la legislación para la gestión del riesgo de desastre.
“Al margen del derecho del campesino, el reinsertado o el indígena a su parcela, que lo comparto, no entiendo la obsesión por creer que esa es la panacea, la solución para todo. Puedo asegurar que, ahora mismo, los 40.000 desplazados no están pidiendo tierra, muchos ya la tienen y están más preocupados por su seguridad y su vida, por no perder lo que ya poseen”, manifestó.
Primero, restituir el orden y la seguridad
Por ello, el presidente ejecutivo de FEDEGÁN concluyó que las prioridades del Gobierno, antes que expropiar y repartir tierras en medio del caos, deberían ser: primero, la restitución del orden y la seguridad de los pobladores; segundo, la protección de las tierras abandonadas por los desplazados, en riesgo de despojo por parte de los bandidos que tienen incendiada la región.
Y, por último, “si dentro de los planes de recuperación se necesitan tierras, pero no desnudas, sino con proyectos productivos y asistencia técnica, con vías decentes, escuelas, centros de salud, crédito, y ese largo etcétera que siempre falta en los procesos de reforma agrarias, pues ahí están las de la coca, no las de los campesinos obligados a sembrarla, que lo que necesitan son programas de sustitución con mercados, sino las de cultivos industriales ilícitos, que los hay, que ni siquiera son objeto de expropiación, sino de extinción de dominio por ministerio de la ley, en razón a su utilización en actividades ilícitas”, explicó.
El dirigente gremial afirmó que “FEDEGÁN, por su parte, en cumplimiento del convenio con el Gobierno Nacional, revisará y fomentará en la región la oferta de tierras para compra directa con destino a reforma agraria”.
