La defensoría del Pueblo a través de sus Duplas de Género, llegan a todas las regiones del territorio nacional y asistieron a 61 casos por feminicidio consumado.
Los hechos atendidos por la entidad de derechos humanos obedecen principalmente a víctimas directas e indirectas que han enfrentado múltiples revictimizaciones, siendo las parejas y exparejas los victimarios en la mayoría de los sucesos.
En razón a la preocupante situación, la Defensoría del Pueblo insta a los entes gubernamentales a fortalecer la respuesta institucional con medidas sólidas de prevención que fomenten un ambiente de rechazo colectivo a la violencia de género.
La Defensoría del Pueblo, con la participación activa de sus Duplas de Género, acompañó 175 casos de tentativa de feminicidio entre enero y junio del 2024, acaecidos en todo el país. Del mismo modo y en el periodo relacionado, asistió 61 casos por feminicidio consumado.
Los casos atendidos por las Duplas de Género obedecen, en su mayoría, a víctimas directas e indirectas que han sido objeto de múltiples revictimizaciones, cuyos victimarios son las parejas y exparejas, principalmente (85% de los hechos).
Como parte de la problemática, las víctimas de violencia sexual se ven en una encrucijada para hacer las respectivas denuncias, pues son evidentes y lamentables las dificultades en la activación de las rutas de atención que requieren. Debido a ello, como llamado adicional de la Defensoría del Pueblo, las entidades gubernamentales deben unirse para luchar en contra de la grave situación que padecen; un punto clave es eliminar la violencia institucional y las barreras que durante años las mujeres han debido enfrentar en la atención de salud, protección y acceso a la justicia.
También es importante fortalecer la atención psicosocial, las medidas de estabilización económica y generación de vivienda para las víctimas de la violencia de género, como mecanismo para fortalecer su autonomía económica y romper los ciclos de violencia.
Se creará una Macrored
Es imperativo, igualmente, la puesta en funcionamiento de una macrorred para detener los hechos de violencia a través de la denuncia y activar en tiempo real a todos los actores competentes, con el propósito de proceder con prontitud y prevenir la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres en el país.
