Por Lola Portela
La Contraloría General de la Republica anunció este martes, 18 de junio, la apertura de una investigación en contra del ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla. El proceso, que buscaría determinar si hay algún tipo de responsabilidad fiscal en el directivo de la cartera, sería por un valor de 1.624 millones de pesos.
La investigación se da por los hechos que sucedieron hace algunos meses dentro de la nómina del ministerio, pues le habría pagado dos y tres veces el salario a funcionarios en el mismo periodo.
La Contraloría asegura que el daño patrimonial habría sido ocasionado por más de 180.000 pagos equivocados que fueron girados a funcionarios de 74 entidades.
La entidad de control asegura que el valor de la responsabilidad se calculó teniendo en cuenta los intereses que se dejaron de liquidar diariamente en el Banco de la República sobre el saldo de la cuenta del Tesoro Nacional, que sería una consecuencia de los pagos en exceso de nómina.
Además del ministro Bonilla, el organismo también asegura que el viceministro general, Diego Alejandro Guevara Castañeda, y otros cinco funcionarios serían responsables.
En el documento indican que también se vinculó como terceros civilmente responsables a cuatro empresas aseguradoras, con el fin de garantizar el resarcimiento del perjuicio ocasionado.
El proceso se originó luego de que el mismo ministerio publicara la información en su portal web el pasado 24 de noviembre de 2023, cuando aseguraron que a través del SIIF fueron efectuados pagos de nómina adicionales a varios servidores públicos. El dinero salió directamente del Presupuesto General de la Nación, con la particularidad de que se habrían dado de manera doble o triple con respecto a la asignación mensual de cada funcionario. La transacción habría sido de unos 665.000 millones de pesos.
“La CGR inició una indagación preliminar para determinar las circunstancias de tiempo y modo en que se efectuaron los pagos indebidos y evitar un detrimento patrimonial. Fue así como se hizo un seguimiento detallado a los recursos que iban retornando a las arcas del Estado, bien por reversos bancarios, consignaciones voluntarias y débitos de nóminas, entre otros”, indicó la Contraloría.
Agregan, además, que fueron devueltos al tesoro público unos 663.000 millones de pesos, por lo que quedó un gravamen por recuperar de 1.624 millones, que incluye el impuesto de movimientos financieros cobrado por una única entidad que lo aplicó.
La Contraloría ha podido determinar que son tres las causas que originaron la pérdida de recursos y la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Fueron errores en las nóminas presentadas por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva y el Comando General del Ejército, un error del sistema, además de la inobservancia de las alertas generadas por el sistema.
La auditoría se adelantó por la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, en el marco del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal. Estos son los nombres sobre los cuales recae la investigación.
Ricardo Bonilla González, en calidad de ministro de Hacienda y Crédito Público.
Diego Alejandro Guevara Castañeda, quien fungía como viceministro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Julio Ernesto Ochoa Hernández, quien fungía como asesor grado 16 del Despacho del Viceministro Pagador SIIF Nación.
Laura Ximena Duarte Rodríguez, en calidad de profesional universitaria grado 11 del Grupo de Pagos y Cumplimiento de la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público.
Jorge Alberto Calderón Cárdenas, quien obró como subdirector de operaciones de la Dirección General de Crédito Público.
David Fernando Morales Domínguez, quien obraba como asesor del despacho del viceministro y administrador del SIIF Nación.
Wilson Alejandro Rojas Sandino, quien fungió como asesor de la Administración del SIIF Nación del Viceministerio General y soporte funcional al Tesoro en Proceso de Pagos.
Cuando se presentó “el millonario error” en el pago de nómina que se realizó el viernes 24 de noviembre de 2023 y benefició a funcionarios del Gobierno Nacional, el ministro Bonilla entonces dio un “parte de tranquilidad”, en el cual dijo que era una falla en el sistema. Y explicó que se había dado una falla técnica “se descartó un posible hackeo”, lo que permitió el giro de doble o triple pago de nómina, a los funcionarios públicos. Lo extraño, y que llamó la atención en ese momento, es que nunca antes se había presentado un error de tal magnitud, en el pago de nómina de funcionarios públicos durante otros gobiernos y menos por esas cantidades de dinero.
