Por Lola Portela
La polémica ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, pasó la plenaria de la Cámara. Ésta es una iniciativa que había quedado consignada en el Acuerdo de Paz firmado por el Expresidente Juan Manuel Santos, y que estaba siendo impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Al articulado solo le resta la conciliación con lo aprobado por el Senado.
“Tenemos esta ley para que por fin, después de tantos años, los litigios de la ruralidad se puedan resolver con justicia, en derecho y con la aplicación de la norma pacífica. El Estado ayudará a los ciudadanos a resolver sus conflictos”, celebró el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
La votación del articulado tuvo 96 votos positivos contra 30 representantes que votaron negativamente. Ahora el texto será conciliado con lo aprobado por el Senado, este proceso tendrá que hacerse antes del 20 de junio o se hundiría por falta de trámite.
En el Acuerdo de Paz que el Gobierno firmó con la extinta guerrilla de las Farc había quedado consignado el compromiso del Estado para crear una Jurisdicción Agraria.
El compromiso de la jurisdicción agraria busca crear un mecanismo que permita a la población rural acceder de manera ágil y expedita a la justicia para resolver sus conflictos.
¿Qué son los “jueces agrarios”?
Entre las víctimas de la guerra y en los municipios más golpeados por la violencia el arribo de los llamados “jueces agrarios”, es para unos la esperanza de recuperar o resolver conflictos por sus tierras. Sin embargo, para otros significa estar a un paso de la expropiación legal.
Esta “nueva” figura — se sumaría a jurisdicciones ya existentes como la ordinaria (altas cortes) o la misma JEP (justicia transicional)— Y fue prevista en el proyecto que el Gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso para crear la Jurisdicción Especial Agraria y Rural, uno de los compromisos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc.
Con la aprobación de la Ley los nuevos funcionarios o jueces agrarios en un plazo no mayor a tres años deben también hacer presencia en la mayor cantidad de zonas rurales del país.
Colombia cuenta con jueces de restitución de tierras y detrás de cada sentencia que restituye una finca o una parcela a víctimas del conflicto, hay una historia ‘invisible’ que soportan los jueces de restitución: temor, inseguridad, amenazas y falta de recursos para realizar su trabajo. Estas personas saben que con cada decisión pisan ‘callos’ de actores armados, de particulares y empresarios que acumularon tierras ajenas.
Cesar y la Costa Caribe han denunciado problemas de seguridad, ya que muchas veces los delincuentes destruyen las cámaras de seguridad de los Juzgados de Restitución de Tierras y se roban los computadores que almacenan información de los reclamantes.
En Colombia se dan por ejemplo casos con tierras, que, habiendo sido robadas o apropiadas por actores armados, hace décadas, luego han pasado por varios propietarios, hasta llegar a la legalidad, con documentos y todo; son vendidas. La pregunta, no resuelta para muchos, de esos últimos propietarios es si pierde el dinero invertido.
Ahora bien, la labor de los jueces agrarios sería no solo resolver esos líos de tierras y predios, sino que tienen que encargarse de llevar a esas zonas la justicia que por décadas les ha sido esquiva. ¿Cómo lo harán?
Según la iniciativa, los jueces agrarios empezarán a operar en los llamados territorios PDET, (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) municipios afectados por el conflicto y que han sido priorizados en la implementación del acuerdo. Su tarea será dirimir los litigios que surjan sobre la propiedad agraria, que son considerados una de las principales fuentes de la guerra.
Cabe anotar que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial los territorios PDET tienen como objetivo estabilizar y transformar los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren estos 170 municipios.
Con la nueva ley además de los jueces municipales agrarios, habrá jueces del circuito agrario, magistrados agrarios en los Tribunales Superiores del Distrito y una Sala Agraria en la Corte Suprema de Justicia. Aunque el proyecto oficial no determina el número de jueces y magistrados que habrá, pues eso quedará en manos del Consejo Superior de la Judicatura, lo cierto es que habrá una jurisdicción nueva, con la creación burocrática y presupuestal que eso implica.
De acuerdo con cálculos de la Casa de Nariño, el 81,5% de los procesos agrarios que se han identificado aún están en fase preliminar de solicitud de inicio formal, el 10% está en apertura de trámite administrativo y solo el 3% está en su recta final. Y hay conflictos que llevarían 40 años sin resolverse.
El número de hectáreas afectadas por este rezago se calcula que supera el millón y medio, que es la mitad de lo que el Acuerdo de Paz se comprometió a repartir entre campesinos a través del Fondo Nacional de Tierras
“El proyecto pretende proteger la propiedad rural. No tiene ningún contenido ni explícito ni nada parecido que tenga que ver con expropiación. Se hace es crear unos jueces que resuelven pleitos que van a poder aplicar el derecho vigente, el derecho que establece la propiedad cuando haya litigiosidad, pleitos”, explicó el ministro de Justicia Osuna.
La jurisdicción agraria resolverá, por ejemplo, conflictos en contratos agrarios, ocupamientos de hecho sobre las tierras, uso de recursos comunales en predios agrarios, servidumbres agrarias y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
Una vez la ley quede en firme, el Consejo Superior de la Judicatura será el encargado de establecer los primeros tribunales y juzgados rurales en un plazo de seis meses.
Esta nueva jurisdicción tendrá un costo aproximado de entre 128 y 137 mil millones de pesos anuales.
