Así lo manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), a propósito de los dos proyectos de decreto que ha publicado el Ministerio de Agricultura, en especial el que promueve la movilización y la organización campesina.
En su columna de opinión “El palo no está para cucharas”, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, advierte sobre las consecuencias negativas de un marco legal que está construyendo el Gobierno para la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.
Colombia se encuentra en un entorno caldeado por los pasos agigantados de la violencia cocalera, antecedida por una tenebrosa secuela de inseguridad por cuenta de las bandas del microtráfico. Las mismas que mostraron su poder durante el ataque terrorista disfrazado de estallido social y movilización ciudadana.
Y en ese contexto social, el presidente ejecutivo de Fedegán y miembro de la mesa de negociaciones de paz con el ELN, José Félix Lafaurie Rivera, lanza una contundente advertencia en su columna de opinión “El palo no está para cucharas”, sobre las consecuencias negativas del marco legal que está construyendo el gobierno para la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra.
Señala que no son gratuitos los reparos que hace a esa combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, y también al proyecto de decreto en donde el gobierno hace un “Llamado a la movilización y organización campesina”.
Cabe anotar que el dirigente gremial ya había advertido los peligros que acechan la propiedad privada tanto en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Petro como al decreto que reglamentaría el artículo 61 de ese plan, señalando que en esta norma no sólo le otorgaría más competencias a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sino que excedería las facultades reglamentarias, consolidando de esta manera nuevas causales de extinción de dominio de predios rurales. Como quien dice: “me vende la tierra que quiero comprar…, o se la quito”, es lo que escuchamos en los enfrentamientos verbales, por redes, entre “indígenas” y propietarios de tierras, que ya se ven amenazados por los invasores ilegales.
¿Quién está detrás de la extinción de dominio? Una pregunta que vale la pena reiterar como en su momento lo hiciera Álvaro Gómez Hurtado con su incisivo “¿Quién mató a Mamatoco?”, pues sobre esa pregunta que formula Lafaurie no se tiene hasta el momento claridad del autor, aunque sí de las intenciones, pues dice que la Ley del Plan de Desarrollo terminó con un “añadido” de última hora: los numerales 5 y 6 del artículo 61, sobre “Mecanismos para facilitar y dinamizar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria”, y que ese artículo (61) tiene un título engañoso, “pues al eliminar garantías procesales y endurecer los términos de la extinción de dominio, la convirtió en un instrumento sumario y administrativo, es decir, sin la intervención de un juez, reemplazado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, para ‘obligar’ al propietario a la ‘oferta voluntaria’”.
El segundo componente de la que denominó como “combinación explosiva”, va en la misma dirección, pero no da mucho campo a la imaginación, para interpretarla de otra manera: si el gobierno no les quita la tierra, será la movilización y la organización campesina quien se las quite.
Más preguntas del Presidente de FEDEGÁN para el Gobierno
El presidente de Fedegán desvirtúa los argumentos dados por el Gobierno sobre “la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra”, y realiza unas preguntas que deben llevar a Colombia a la reflexión, pero que indudablemente merecen explicación.
¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si, primero, nadie la está atacando, y segundo, se pregunta si la reforma agraria integral (no limitada, a un título de propiedad) es responsabilidad del Gobierno mismo?
¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a los campesinos y, para ello, firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido y seguiremos cumpliendo, el cual disparó las ofertas voluntarias de venta, que hoy sobrepasan el millón y medio de hectáreas, de las cuales más de 700 mil están listas para compra, además de las cerca de 500 mil que la justicia les ha quitado a los delincuentes y están en poder de la SAE?
Y cierra señalando que advertir no es controvertir y que confrontar; con argumentos y respeto a la diferencia, facilita la convivencia, que es fundamento de la democracia.
“EL PALO NO ESTÁ PARA CUCHARAS”
Por José Félix Lafaurie
Mi intención no es controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y confronta con argumentos y respeto a la diferencia.
En Cauca, donde el Gobierno acaba de firmar un Acuerdo con tal Estado Mayor Central de las Farc, la violencia contra las comunidades y el fuego entre grupos ilegales no cesa, como en todas las regiones donde la coca se expande, destruyendo, corrompiendo y afectando a las ciudades, atacadas por las bandas del microtráfico que mostraron su poder en el ataque terrorista disfrazado de estallido social y “movilización ciudadana”.
En marzo, la “movilización campesina” en Los Pozos, Caquetá, con alertas oficiales de infiltración de las disidencias, dejó un campesino asesinado, un policía degollado y 70 en “cerco humanitario”; instalaciones petroleras destruidas y el retiro de la empresa, con pérdida de empleos y regalías. ¿Quién ganó?, el grupo ilegal que fortaleció su control sobre la población empobrecida.
“El palo no está para cucharas”; de ahí mis reparos a la combinación explosiva del proyecto de decreto que reglamenta la extinción administrativa del dominio, y el otro que hace un “Llamado a la movilización y organización campesina” para la defensa de la reforma agraria y el acceso a la tierra”.
Mi intención no es controvertir, sino advertir, porque el buen aliado no es el que aplaude, sino el que advierte los problemas y confronta con argumentos y respeto a la diferencia.
¿Tiene sentido que el Gobierno promueva la movilización para defender la reforma agraria, si nadie la está atacando, y si la reforma agraria Integral es su responsabilidad?
¿Tiene sentido que promueva la movilización para defender el acceso a la tierra, cuando ha ofrecido comprar la necesaria para entregarla a campesinos y firmó un Acuerdo con Fedegán, que hemos cumplido? Hoy el Gobierno ha recibido ofertas por más de un millón y medio de hectáreas, 700 mil de ellas listas para compra y tiene otras 500 mil más en poder de la SAE.
A 30 de agosto, entre el Clan del Golfo, ELN, EMC y otras disidencias, tuvieron 80 confrontaciones y cometieron cerca de 1.200 acciones delictivas; entonces, si la situación de orden público es crítica, en un año de elecciones regionales, ¿tiene sentido que promueva la movilización campesina, a sabiendas de los riesgos de su instrumentalización violenta por grupos ilegales con control territorial en más de 300 municipios?
Sin menoscabo del derecho a la movilización pacífica, promoverla desde el Gobierno no es buena idea; el Estado está para garantizar derechos, no para promover movilizaciones. El Gobierno no debe olvidar que es responsable del orden público… y el “palo no está para cucharas”.
