La demanda fue presentada por la Unidad de Restitución de Tierras para reclamar 280.000 hectáreas a favor de dos pueblos indígenas del Vichada.
Esta acción judicial es para restablecer los derechos territoriales de la comunidad Awia Tuparro, del pueblo Sikuani y del Resguardo Nacuanëdorro Tuparro, del pueblo Mapayerri, ubicados en el municipio de Cumaribo y que se encuentran en inminente riesgo de desaparición física y cultural.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, admitió la demanda étnica con la que se busca restituir los derechos territoriales de las comunidades Aiwa Tuparro y Nacuanëdorro Tuparro, que se encuentra en riesgo por la presencia de actores armados en su territorio ancestral confirmado por más de 280.425 hectáreas.
El anuncio fue hecho en Villavicencio por el Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, quien manifestó su complacencia por la admisión de esta demanda que complementa las medidas cautelares que desde el 2018 fueron decretadas a favor de estos pueblos Sikuani y Mapayerri, y que les permitirán recuperar su territorio, sus costumbres ancestrales y desarrollar sus actividades productivas de agricultura caza y pesca.
“Para la Unidad de Restitución de Tierras es una enorme satisfacción poder adelantar estos trámites en restitución y lograr la materialización de los derechos colectivos de estas comunidades indígenas”, afirmó el director Castro.
El pueblo Sikuani del Resguardo Awia Tuparro está compuesto por 660 integrantes, de los cuales el 33% son mujeres, el 34% hombres y el 33% niños y niñas; mientras que el pueblo Mapayerri del Resguardo Nacuanëdorro Tuparro está integrado por 104 personas, de las cuales el 28% son mujeres, el 22% son hombres adultos y el 49% son niños y niñas.
Estas comunidades se encuentran en inminente riesgo de desaparición física y cultural debido a que han sido utilizadas por actores armados ilegales para prácticas irregulares ocasionándoles afectaciones como confinamiento abandono y despojo.
Con la demanda también se busca que las comunidades restablezcan su autonomía y el gobierno propio; sus derechos a la propiedad colectiva, al uso, acceso y disfrute del territorio, a la libre circulación, el uso sostenible de los recursos naturales; y a la seguridad alimentaria.
