El acceso a servicios financieros ha sido una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, de modo que, de acuerdo con la meta establecida, al menos, 85% de colombianos adultos puedan acceder a productos de depósito y crédito formales al cierre de 2022.
Según el más reciente Reporte de Inclusión Financiera, elaborado por Banca de las Oportunidades y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), al cierre del primer semestre de este año, 31 millones de adultos colombianos tenían, al menos, un producto de depósito o crédito (1,6 millones más que en diciembre de 2019), es decir que un 85,9% de los colombianos accedió a servicios financieros formales, esto es 3,4 puntos porcentuales por encima del dato de diciembre de 2019. Un año atrás este incremento había sido de solo 0,6%. Con estos resultados la meta del plan de gobierno se cumplió dos años antes de lo previsto.
“En este frente el país traía una dinámica positiva que, bajo el escenario de pandemia, se ha profundizado especialmente en acceso y uso de servicios financieros digitales, resultado de la coordinación entre el sistema financiero y entidades de Gobierno. Este salto ratifica que la transformación digital no tiene reversa”, reveló Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades.
El reporte también revela que, a junio de 2020, 2,3 millones de adultos usaron productos que estaban inactivos en diciembre pasado; y que, para el primer semestre de este año, 25,8 millones de colombianos tenían productos activos en el sistema financiero. Cabe precisar que este porcentaje de colombianos llegó al 71,6%, 5,6 puntos porcentuales por encima del dato registrado en diciembre pasado y 5,4 por debajo de la meta del cuatrienio.
Acceso y uso en días de pandemia
Lo que muestran las cifras es que las restricciones generadas por la pandemia dieron un impulso importante al acceso y uso de productos financieros. En particular, la evolución del indicador de uso tuvo un crecimiento superior al 4% entre marzo y junio, mientras que en el primer trimestre dicho indicador fue de 0,8%.
En marzo, por ejemplo, se registraron 2,3 millones de adultos con Cuentas de Trámite Simplificado[i], y 2,7 millones usuarios de Cuentas de Depósito Electrónico[ii] activas. Tres meses después, el primer producto contaba con 4,3 millones de titulares activos, mientras que en el segundo caso la cifra escaló hasta 7,4 millones de usuarios. “La pandemia ha servido para que muchos colombianos se reencontraran o descubrieran soluciones digitales de uso fácil, a la mano, seguras, e incluso más económicas que un producto de depósito tradicional”, indicó Freddy Castro, director de Banca las Oportunidades.
¿Y qué papel tuvieron los programas sociales del Estado?
Los programas de transferencias monetarias del Gobierno Nacional, como Ingreso Solidario y Compensación del IVA, también jugaron un rol importante en los avances observados. De acuerdo con el reporte, el programa de Ingreso Solidario logró que más de 759 mil de sus beneficiarios activaran sus productos de depósito o abrieran uno por primera vez. Este mismo fenómeno ocurrió con el esquema de Compensación del IVA, bajo este más de 99 mil reactivaron o abrieron un producto de depósito, la mayoría digitales.
“En este Gobierno hemos acelerado la ejecución de programas de transferencias monetarias y por eso cerca del 90% de los hogares en condiciones de pobreza y vulnerabilidad económica accede a algún esquema. Sin duda estamos sentando las bases de la política social moderna y construyendo equidad a partir de la prestación de servicios financieros”, afirmó Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación.
El funcionario se refirió al futuro, recordando el recientemente aprobado CONPES de inclusión y educación financiera. “Queremos consolidar la dinámica positiva que venimos observando en este frente. Para ello hemos trazado cuatro estrategias que buscan una mayor integración de los servicios financieros en la cotidianidad de las personas”.
Se fortalece la política de Inclusión y Educación Financiera
La primera de estas estrategias tiene que ver con la ampliación de la oferta de productos y servicios financieros a la medida. Allí se establece la necesidad de poner en marcha el modelo de corresponsalía digital, que tiene como propósito llegar a la población excluida y de regiones apartadas. Además, se formularán planes indicativos de crédito agropecuario y de microfinanzas, con enfoque en el pequeño productor y mujeres rurales.
De otra parte, la promoción de la educación financiera pasa a ser un eje transversal de la política pública. Por ello se busca desarrollar las competencias, el conocimiento y la confianza de los colombianos en el sistema financiero, a través de procesos de educación formal y no formal, e incentivar el uso de los servicios financieros formales a fin de generar un mayor bienestar financiero de las personas y las empresas.
Otra de las estrategias que permitirá aportar al acceso y uso es la optimización de la infraestructura financiera, lo que permitirá realizar cambios normativos para agilizar el proceso de Open Banking, tomar acciones para aumentar el impacto de la nueva regulación sobre el sistema de pagos de bajo valor, y fortalecer los servicios de autenticación digital.
Finalmente, se modificará la estructura institucional de esta política pública. Hasta hoy existían, por separado, las comisiones de educación e inclusión financiera, ahora será una sola orientada a generar mejores sinergias entre actores públicos y privados.
