El riesgo de contagio por COVID-19 que aún se mantiene latente en la cárcel de Villavicencio, y con el que deben convivir diariamente los cerca de 1.654 reclusos, fue la razón por la que la senadora Maritza Martínez Aristizábal, durante sesión no presencial de la Plenaria del Senado, solicitó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, y a los directores del INPEC y la USPEC, que de manera apremiante se apliquen segundas pruebas a los 209 reclusos, de los 867 contagiados dentro de la cárcel, que hace más de un mes tuvieron su primer diagnóstico y que desconocen si hoy en día son o no portadores del virus.
La Congresista insistió también que se debe garantizar la presencia de personal médico sanitario para la atención de los infectados, y para realizar la búsqueda activa de casos que permitan monitorear la aparición de síntomas en los restantes 831 reclusos que se encuentran al interior del penal. “Es necesario destinar personal sanitario adicional pues, para la atención de los 1.654 reclusos, solo se cuenta con 4 médicos, 2 jefes de enfermería y 10 auxiliares al interior del penal”, sostuvo.
En el mismo sentido advirtió que se debe ser más estrictos en la aplicación de protocolos sanitarios antes de efectuar el traslado de reclusos hacia otros centros carcelarios, ello con el propósito de evitar que el virus se siga propagando y exportando a otras zonas del país.
De igual manera la Congresista le solicitó a la ministra de Justicia intervenir para que el Centro del Menor Infractor sea adecuado lo más pronto posible y sean enviados allí algunos reclusos y de esta manera disminuir el hacinamiento en la cárcel de Villavicencio, lo cual es factor determinante en el contagio del virus. La Senadora aseguró que solo se está a la espera de la designación de guardianes del INPEC para que este entre en operación.
Finalmente, Martínez Aristizábal le reiteró a la ministra Margarita Cabello que una medida definitiva que requiere la capital del Meta en materia penitenciaria, “es el traslado de la cárcel a las afueras de la ciudad. Las instalaciones, actualmente, están en el corazón del barrio 20 de Julio, en la Comuna 3 de Villavicencio, y presentan un avanzado estado de deterioro, lo cual representa un riesgo constante para los habitantes de este sector”.
