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Critican que EPS manejen presupuestos totales de la salud

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El manejo total del presupuesto para el suministro de medicamentos y la atención de tratamientos especiales por parte de las EPS, fue puesto en vilo por algunos sectores de la salud en el país.

Este pronunciamiento se da luego que el Gobierno emitiera la resolución 206 del 17 de febrero del 2020 mediante la cual el Ministerio de Salud fijó el presupuesto máximo que transferirá este año a cada una de las EPS, del régimen contributivo, subsidiado y entidades obligatorias a compensar que operan en Colombia.

En total son $3.8 billones que de acuerdo a la cantidad de afiliados que tiene cada EPS se distribuirán a partir del 1 de marzo de este año.

El Gobierno también expidió la resolución 205, mediante la cual se establecen los valores máximos o topes para las tecnologías y servicios no financiados por la Unidad de Pago por Capitación, UPC.

Normativa

Básicamente lo que se hace con esta normativa es que se determina la metodología, a través de la cual, la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Salud) transfiere un monto presupuestal a cada EPS, para que esta garantice los servicios que requieren sus afiliados.

“La Adres transferirá a la EPS o EOC, el 100% de los recursos del presupuesto máximo dentro de la vigencia fiscal respectiva, considerando los ajustes al presupuesto máximo según corresponda. La transferencia se realizará de forma mensual y proporcional dentro de los primeros 10 días de cada mes”, cita la resolución.

 Aquí también se establece la forma en cómo se financiarán los medicamentos para los tratamientos de las enfermedades huérfanas.

Aunque, en principio, la resolución pretende poner fin a los recobros y a las malas prácticas que suelen esconderse tras muchos de ellos, no a todos les parece buena idea. Uno de los principales interrogantes tenía que ver con la capacidad de gestión de las EPS. ¿Cómo garantizar esa buena gestión de las EPS cuando sobre varias ha caído una lluvia de críticas por malos manejos?

El director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica, Óscar Andia, dijo que “es una apuesta muy arriesgada que podrá ser exitosa para los actores con poder que están asegurando sus beneficios, pero puede resultar catastrófica para el sistema de salud y son pocas las voces que están alertando sobre sus implicaciones. Es una política en la que todos los recursos y los problemas se trasladarán a las EPS”.

El mismo directivo se pregunta “¿están las EPS suficientemente maduras para asumir la gestión y administración de los recursos POS y no POS? Son pocas las que demuestran suficiencia administrativa y financiera”.

Un giro

El presidente de Acemi, Gustavo Morales, aseguró que “este mecanismo de los ‘techos’ o presupuestos máximos es el intento radical del Gobierno de darle un giro de 180 grados a la forma en que el Estado venía pagando los servicios no cubiertos por el plan de beneficios. En ese sentido, hay que reconocerle al Gobierno su empeño por resolver un asunto que gobiernos anteriores habían puesto debajo de la alfombra”.

Por su parte la presidente de Afidro, Yaneth Giha, señala que “todos los actores del sistema de salud entendemos la importancia de la sostenibilidad y de los retos que tenemos para enfrentarla. Precisamente por eso, hemos considerado y expresado abiertamente la importancia de avanzar en una actualización rigurosa y sistemática del Plan Básico de Salud. Sin embargo, se ha optado por una nueva metodología, que se ha denominado Presupuestos Máximos. Esta propuesta del Gobierno es una apuesta que cambia de manera profunda el sistema, las reglas, las interacciones y los incentivos”.

Según Giha, es clave, principalmente, “involucrar en la metodología una medición permanente de los resultados en salud. Hoy solo están planteados los resultados financieros. Es fundamental que se den discusiones abiertas, mesas de trabajo, incluso, sería deseable y apropiado que una apuesta tan grande tenga pilotos, fases de implementación y pruebas de su eficacia”.

La representante gremial advierte que lo clave es que esto no se convierta en “una barrera de acceso para los pacientes”.

Fuente: El Nuevo Siglo