Colombia hace parte del grupo de países que muestran signos de estancamiento o de retroceso en sus esfuerzos anticorrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019, publicado ayer por Transparencia Internacional.
El país tuvo una calificación de 37 puntos sobre 100, donde cero quiere decir corrupción muy elevada y 100 ausencia de la misma. Este puntaje se obtuvo a partir de datos proporcionados por ocho fuentes que miden los niveles percibidos de corrupción en el sector público, según la opinión de analistas, académicos e inversionistas internacionales y nacionales, en aspectos como la existencia de sobornos en trámites de negocios, la desviación de recursos públicos en el ejecutivo, la sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política, el abuso del poder en sector judicial, policía y militares, entre otros aspectos.
En esta edición, Colombia se ubica en el puesto 96 entre los 180 países evaluados, mejorando tres puestos en comparación con el informe del año anterior, pero sin lograr una variación significativa de puntaje que se mantiene entre 36 y 37 sobre 100 desde 2012.
Entre los países de América Latina, Colombia se ubica por debajo de Uruguay (71 puntos), Chile (67), Argentina (45) y Ecuador (38). Las naciones que obtuvieron puntajes más bajos que Colombia son Perú (36), Brasil (35), Paraguay (28) y Venezuela (16) que se ubica en el último lugar de la medición en la región.
¿Cómo salir del estancamiento?
Para Transparencia Colombia es necesario abordar los ámbitos que son objeto de medición por el Índice de Percepción de Corrupción. En primer lugar, se debe continuar haciendo esfuerzos orientados a eliminar los sobornos y otras irregularidades en la relación entre ciudadanos y empresarios con entidades públicas. Recomendaciones de Transparencia por Colombia y la OCDE han insistido en la necesidad de proporcionar protección a denunciantes de actos de corrupción, tanto para los casos de soborno trasnacional como a nivel nacional.
En segundo lugar, la percepción de corrupción es fuertemente afectada cuando no se sancionan de manera efectiva situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos. En el último año la opinión pública ha conocido información sobre irregularidades en el Ejército, que se suman a casos de gran corrupción de años recientes en la justicia y sectores que cuentan con altos niveles de inversión pública, como salud, educación e infraestructura. No es suficiente solo el anuncio de investigaciones ante estas graves irregularidades.
En tercer lugar, se debe abordar de manera más decidida la corrupción política. Llama la atención del estudio que los países que obtuvieron un buen desempeño en el Índice de Percepción de Corrupción 2019 tienen una aplicación más estricta de las regulaciones del financiamiento de campañas (países con puntuación media de 70 en el IPC).
Mientras que los países donde las regulaciones no existen o se cumplen de forma deficiente tienen una media de 34 y 35, respectivamente, puntuación cercana a la obtenida por Colombia.
Andrés Hernández, director Ejecutivo de Transparencia Colombia, indicó que “debemos avanzar en una reforma política de fondo que incluya medidas más efectivas de transparencia en el financiamiento de campañas y partidos, mensaje que ha sido transmitido desde distintas instancias en la Conversación Nacional abierta por el Presidente Ivan Duque”.
Otras medidas necesarias para la transparencia en la política están asociadas a la gestión de conflictos de interés y las “puertas giratorias”, y la regulación de las actividades de lobby.
Igualmente, al comparar los resultados del IPC con otros factores relevantes para la lucha contra la corrupción, se identifica que los países con procesos de consulta amplios y transparentes tienen una media de 61 puntos en este Índice.
Por el contrario, cuando existe poca o ninguna consulta, la puntuación media es de solo 32. “Las movilizaciones ciudadanas que vivimos desde noviembre reclaman procesos de participación más amplios y efectivos, junto con resultados concretos de lucha contra la corrupción. Este es un llamado al Estado en su conjunto: Gobierno, Congreso, Justicia, Órganos de Control. Todos los esfuerzos anticorrupción deben buscar el fortalecimiento de la democracia y no el debilitamiento de sus instituciones”, agregó Hernández.
Fuente: El Nuevo Siglo
