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Gobierno Nacional propone nueva ley y con ella nueva multas y normas de tránsito

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Está nueva ley propone garantizar la seguridad en las carreteras del país, con cambios sustanciales que pretende modificar el Código Nacional de Tránsito y la política de seguridad vial o ley Julián Esteban.

El proyecto, que fue radicado el pasado 23 de agosto (2022) por el senador Roy Barreras, busca crear nuevas prohibiciones alrededor de los pasajeros en motocicletas y automóviles, modificar la responsabilidad de los propietarios de vehículos respecto a las infracciones, regular nuevamente las fotomultas, los límites de velocidad y establecer una novedosa figura para los nuevos conductores que quieren iniciar el trámite de su licencia de conducción.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial para el año 2021 registró 7.270 muertes en siniestros viales y 20.825 personas resultaron gravemente heridas tras las más de 550.000 lesiones corporales que registraron las estadísticas del ramo del SOAT, el proyecto también tiene algunos puntos polémicos, que harán parte de la agenda y tendrán que ser discutidos en el Congreso de la República.

“Esta ley es indispensable pues los ciudadanos hemos naturalizado la muerte en las carreteras, creemos que es normal morirnos por movernos. Segundo, la política de seguridad vial ha sido poco eficiente porque la hemos dejado en manos de un solo ministerio: el de Transporte, cuando realmente es un problema de seguridad y de salud pública”, señala la directora de la Liga contra la Violencia Vial, Mary Bottagisio, quien participó en la formulación del proyecto.

Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta que tiene que ver con el transporte de menores en motocicletas. De triunfar en el Congreso, los niños y niñas menores de diez años no podrán viajar como pasajeros en vehículos de dos ruedas motorizadas.

Algunos congresistas han manifestado que este punto podría limitar el derecho a la educación de los menores, especialmente en zonas rurales, al no poder ser trasladados a las instituciones de educación o a otros servicios sociales como los centros de salud.

Según un análisis de la campaña “Carros Más Seguros”, entre 2010 y 2021 se perdieron 2.957 vidas de niños entre los 0 a 15 años y, el 47% de los menores que perdieron la vida se desplazaban en un vehículo motorizado.

Algunos expertos manifiestan que esta medida es necesaria, se deben buscar alternativas que garanticen el desplazamiento de los niños y niñas en condición de vulnerabilidad desde las zonas rurales hacia sus establecimientos educativos. Aunque el proyecto establece que luego de la reglamentación el Ministerio de Educación deberá diseñar un programa para el transporte de los menores, también es necesario “mejorar los sistemas transporte público, mejorar y regular el uso de triciclos motorizados, en donde pueden ir de manera mucho más segura”.

Entre las propuestas para la seguridad de los menores también se pone en debate la edad en la que pueden ser pasajeros en el puesto delantero de los vehículos. El proyecto indica que solo podrán ocupar los asientos delanteros los niños y niñas mayores a 12 años o menores si su estatura es superior a 150 centímetros. Recordemos que actualmente la norma indica que los mayores a diez años ya pueden ocupar estos puestos.

El control no es difícil porque los niños llevan su identificación, pero también hay una manera visual: si el menor está sentado y se ve que el cinturón está adecuadamente sobre su hombro y pelvis, y, no sobre el abdomen, no hay problema. No hay que medir el peso ni la talla.

Para Conductores

“Quien aspira a la licencia de conducción por primera vez, se conocerá como conductor novel y se le expedirá un permiso probatorio, que tendrá una vigencia de dos años y deberá cumplir las siguientes obligaciones y restricciones: solo podrá conducir tipo automóvil y la velocidad máxima permitida no podrá superar los 80 km/h, así la señalización permita una velocidad superior”, dice también el proyecto del Pacto Histórico.

Esta propuesta responde a que “los jóvenes tienden a tomar más riesgos, por lo que necesitan la práctica real en la conducción para generar mejores respuestas. La adopción de una licencia novel permitiría que las personas tengan licencia, pero con restricciones, así podrían seguir adquiriendo experiencia, pero exponiéndose menos”.

En lo que respecta a los jóvenes, el proyecto también les impediría a los menores de 21 años conducir vehículos de servicio público, lo que se suma a la aprobación del examen teórico y práctico.  “un conductor novel también puede ser una persona, por ejemplo, de 40 años, pero con poca experiencia. La experiencia es importante para conocer la infraestructura urbana”.

Recordemos que en julio de este año fue sancionada la ley 2251 o ley Julián Esteban que lleva el nombre del niño que murió atropellado por un vehículo de carga en la vía Zipaquirá – Cajicá mientras entrenaba en su bicicleta.

Con esa ley la velocidad máxima permitida en vías urbanas del país es de 50 km/h y en zonas escolares y residenciales de 30 km/h. Sin embargo, la misma norma permite en el artículo 12 que “excepcionalmente y teniendo en cuenta lo establecido en el estudio técnico, diseño de la infraestructura y lo dispuesto para el contexto, tipo de vía, funcionalidad, entre otros; las entidades territoriales estarán facultadas para establecer límites de velocidad superiores”.

El proyecto radicado por Roy Barreras pretende estandarizar la velocidad en todas las vías del país y eliminar este parágrafo, para que las autoridades locales no puedan incrementar los límites de velocidad y en todo el territorio nacional se valgan de lo ya establecido. “La ley Julián Esteban dejó un hueco, si bien definió la velocidad máxima, dejó una puerta abierta a que la velocidad pueda ser mayor. A los alcaldes les cuesta tomar medidas no populistas y, una medida poco popular es reducir la velocidad”,

Respecto a las fotomultas y los dispositivos de control, el proyecto de ley abre la posibilidad a que el titular de la tarjeta de propiedad del vehículo comparezca ante una audiencia pública y rechace la comisión de una infracción, proporcionando evidencia que pruebe “la existencia de un robo o que permita identificar al autor real de la infracción”.

Mientras el proyecto busca solucionar varios de los inconvenientes que amenazan la seguridad vial, uno de los temas más complejos es la viabilidad real de sus propuestas, especialmente para su implementación, “Mientras no tengamos control eficaz podría ser una ley que se queda sin dientes, pero se tiene que reglamentar para ir avanzando. Así mismo, el legislador debe encargarse también de hacer control político, para que, de aprobarse, se cumpla a cabalidad”.