Los elementos de prueba indican que las mujeres sometidas eran retenidas y amenazadas de muerte para impedir que escaparan. 24 víctimas de esta organización fueron rescatadas en Ciudad de Panamá.
La Fiscalía General de la Nación, en una labor articulada con la DIJIN de la Policía Nacional y las autoridades de Panamá, desarticuló la estructura señalada de engañar a jóvenes colombianas para explotarlas sexualmente en el extranjero.
Con ofrecimientos de trabajos como enfermeras y niñeras en Panamá, esta organización contactaba a mujeres entre 18 y 23 años, y las convencía de viajar a cambio de altas remuneraciones. Las personas que creían en estos ofrecimientos eran retenidas en viviendas, les quitaban los documentos y las obligaban a ejercer actividades sexuales hasta cumplir con el pago de una deuda de 1.700 dólares.
De acuerdo con los testimonios recibidos, la suma impuesta ascendía diariamente por los gastos de alimentación, manutención y estadía en Panamá.
En septiembre de 2020, fueron rescatadas en Ciudad de Panamá 24 víctimas colombianas de esta estructura. Adicionalmente, fueron detenidas cinco personas, quienes serían las encargadas de la custodia y explotación sexual de las mujeres.
Algunas denuncias recibidas en su momento y las actividades investigativas realizadas permitieron en menos de un año identificar a los cinco supuestos articuladores en Colombia de todo el andamiaje ilegal, los cuales fueron capturados en Medellín (Antioquia).
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó delitos como: concierto para delinquir, trata de personas y desplazamiento forzado. Cuatro de los procesados recibieron medidas privativas de la libertad.
Entre los judicializados en esta acción investigativa está el señalado cabecilla de la red de trata de personas, identificado como León Darío Bonilla Echeverri. Este hombre sería el encargado de financiar la compra de los tiquetes aéreos, y la adquisición de pasaportes, documentos y demás elementos requeridos para trasladar las jóvenes a Panamá.
De igual manera, se estableció que Bonilla Echeverri entregaba 500 dólares a cada una de las mujeres reclutadas en el aeropuerto José María Córdova, antes de salir del país. También hay indicios de que, al parecer, tomaba fotografías a las casas de las víctimas y sus familiares para intimidarlas y obligarlas a pagar la cuota exigida.
Otros procesados son:
Carlos Andrés Urrea López, quien presuntamente recibía a las víctimas en Panamá y las transportaba a las casas donde permanecían retenidas. Hay evidencia de que, al parecer, era el que pasaba revista para evitar que escaparan.
Yamile Aristizábal Bohórquez, supuesta responsable de contactar y convencer jóvenes para que viajaran a Panamá.
Darling Lucía Sininng Cárdenas, una de las posibles coordinadoras logísticas y encargadas de asegurar a las mujeres en Colombia para impedir que se arrepintieran.
Elizabeth Chico Flórez, a quien se le atribuye ejercer presión sobre los familiares de una de las víctimas para que fuera retirada una denuncia contra el cabecilla de la estructura.
