Ximena Salcedo, Jueza 30 de Control de Garantías ordenó libertad al expresidente Álvaro Uribe, continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos, en un proceso en el que es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares.
Es así como la jueza de control de garantías Ximena Salcedo este sábado ordenó poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe, la orden de excarcelarlo se produjo después de que el exmandatario renunció al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladó el proceso a la Fiscalía General de Nación por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
Permanecíó bajo arresto en la finca cerca de Montería, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El exsenador denunció una violación del debido proceso, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
La Corte Suprema también remitió a la Fiscalía General las indagaciones previas contra Uribe por tres masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en la década de 1990.
Algunos aliados de Uribe,solicitaron a la corte permitirle defenderse en libertad y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de exlíderes de la desmovilizada guerrilla de las FARC, a quienes otro tribunal les ha permitido permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.
Algunos hechos para recordar.
Álvaro Uribe, gobernó a Colombia entre 2002 y 2010, periodo en el que impulsó una ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2018 y es el principal dirigente del partido derechista Centro Democrático que llevó al poder a Duque.
El expresidente acusó en 2012 al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en febrero de 2018, el tribunal que investiga todos los asuntos penales que involucran a legisladores dijo que Cepeda había recopilado información como parte de su trabajo y que no había pagado ni presionado a exparamilitares. En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó testigos a través de terceros. Los escuadrones paramilitares fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista
