Una investigación liderada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción puso en evidencia actuaciones ilícitas durante el proceso de discusión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en El Rosal (Cundinamarca). Un grupo de concejales exigió dinero a un campesino para no afectar el uso del suelo sobre el área en la que tenía su propiedad, de tal manera que no se disminuyera el avalúo del predio.
El cabildante Hernando Clavijo estuvo a cargo de la solicitud ilícita. Las pruebas dan cuenta de que buscó al dueño del bien comprometido y le pidió 1.200 millones de pesos, de los cuales le corresponderían 200 millones de pesos.
Ante la contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía, el citado concejal reconoció su responsabilidad y, mediante preacuerdo, aceptó los delitos de concusión y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. En ese sentido, una juez penal de conocimiento de Funza (Cundinamarca) lo condenó a cinco años y cinco meses de prisión.
La sentencia establece que deberá cumplir la pena en centro carcelario, además de pagar una multa de 30 millones de pesos y cumplir una inhabilidad de 65 meses para ejercer cargos públicos.
