Por Lola Portela
Una violenta emboscada contra tropas del Ejército Nacional dejó tres soldados muertos y uno herido en zona rural del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, en un hecho que vuelve a evidenciar el deterioro de la seguridad en el sur del país a pocos días de las elecciones legislativas.
El ataque se registró hacia las 7:00 de la mañana del martes 4 de marzo en la vereda Santo Domingo, cuando unidades de la Fuerza de Tarea Omega adelantaban labores de control y seguridad para garantizar la instalación de mesas de votación en esa región. Según información preliminar, los uniformados fueron sorprendidos por hombres armados, presuntamente integrantes de la estructura residual Carolina Ramírez, una de las disidencias de las Farc con presencia en el departamento.
En la acción murieron los soldados Luis Mauricio Morales Leal, Alexis Muñoz y Josué David Uribe Chinchilla. En el mismo hecho resultó herido el soldado profesional Julián Alejandro Páez García, quien sufrió una lesión por impacto de bala en el hombro izquierdo y permanece a la espera de ser evacuado a un centro asistencial para recibir atención especializada.
De acuerdo con el reporte oficial, durante el enfrentamiento también se produjo la pérdida de material de guerra, entre ellos una ametralladora M60 y tres fusiles ACE, lo que evidencia la intensidad del ataque armado.
Tras lo ocurrido, el mando militar ordenó el envío de refuerzos y mantiene en curso operaciones ofensivas en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables y restablecer el control territorial. Las acciones son lideradas por el comandante de la Quinta División del Ejército, general Carlos Ernesto Marmolejo, quien se trasladó al área para coordinar las maniobras.
Este hecho se produce en un contexto especialmente sensible, marcado por la cercanía de los comicios al Congreso de la República, que se realizarán el próximo 8 de marzo. En respuesta a los riesgos de seguridad, la Fuerza de Tarea Omega anunció el despliegue de más de 3.000 soldados en los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare, como parte del denominado Plan Democracia 2026.
Según explicó el brigadier general Yor William Cotua Muñoz, comandante de esa unidad militar, el objetivo del dispositivo es garantizar “condiciones de tranquilidad, transparencia y libre ejercicio del voto”. Este esquema contempla un tercer anillo de seguridad y se desarrolla en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial, la Policía Nacional, autoridades civiles y organismos de control.
Sin embargo, la escalada de violencia en la región ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que en reiteradas ocasiones ha alertado sobre el deterioro de la situación humanitaria en Caquetá, especialmente en municipios como San Vicente del Caguán.
El organismo, encabezado por Iris Marín Ortiz, ha documentado un aumento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en zonas como las veredas Linderos y La Libertad, ubicadas en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas. Allí se concentran choques entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias “Calarcá Córdoba”, y la denominada Segunda Marquetalia.
Desde el 26 de diciembre de 2025, la Defensoría ha recibido y verificado múltiples reportes sobre combates entre estas estructuras, advirtiendo sobre el impacto directo en la población civil.
Las cifras reflejan la gravedad de la situación: solo en enero de 2026, al menos 21.060 personas resultaron afectadas por desplazamientos forzados y confinamientos, mientras que se registraron doce eventos de desplazamiento masivo que impactaron a 3.409 habitantes.
La entidad también ha alertado sobre riesgos adicionales como la presencia de minas antipersonal, homicidios selectivos, amenazas contra líderes sociales y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados.
Pese a los reiterados llamados, la Defensoría aseguró que ha enviado al menos tres comunicaciones formales al Ministerio del Interior advirtiendo sobre la “materialización de riesgos graves” y la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección, sin que hasta el momento se evidencien acciones con impacto efectivo en el territorio.
La emboscada en Caquetá no solo deja en evidencia la persistencia del conflicto armado en esta región del país, sino que también plantea serios desafíos para las autoridades en materia de seguridad electoral y protección de la población civil en medio de un escenario cada vez más complejo.
