Por Lola Portela
El país no vive un gobierno: vive una rueda de prensa judicial permanente. Cada día trae un nuevo nombre, un nuevo expediente y la misma reacción desde el poder: negarlo todo, culpar a todos… y, si es posible, declarar que todo es culpa de “los ricos”, “la oligarquía” o cualquier villano disponible en el libreto.
La agonía del llamado “mandato del cambio” ya no es política: es casi clínica. Mientras el presidente Gustavo Petro alterna entre discursos mesiánicos, teorías de conspiración y comentarios que parecen más propios de una tertulia de madrugada que de la jefatura de Estado, sus alfiles todos untados de corrupción van cayendo uno a uno por acción de la Justicia.
Hoy la agenda pública no gira alrededor de reformas, resultados o políticas públicas sostenibles. Gira alrededor de investigaciones, procesos judiciales, funcionarios cuestionados y decisiones administrativas que terminan explicándose en los tribunales.
Los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla detenidos y llamados a juicio.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, enfrentando procesos en la Corte Suprema por corrupción en contratos del Fonade, además de otros expedientes abiertos.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, bajo lupa mientras su entorno familiar aparece ligado a contratación estatal.
La ministra de Cultura, Yannai Kadamani, cuestionada por contratos que favorecieron a su hermano horas antes de entrar en vigencia la ley de garantías.
Pero el dato estructural del momento político no es un nombre propio: es una cifra.
14,8 billones de pesos en contratos adjudicados antes de la ley de garantías, según reveló la Contraloría. No es un episodio aislado. Es un síntoma institucional.
El caso de la Unidad de Gestión del Riesgo concentra, como en laboratorio, el modelo completo del escándalo:
El ex jefe administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, la cabeza del saqueo de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres, UNGRD, también está siendo juzgado, pero en ausencia, pues se fugó a Nicaragua, donde vive como rey.
Olmedo López, nombrado por Petro al frente de esa unidad, está preso por ejecutar el robo para comprar congresistas que apoyasen los proyectos de ley petristas. También por ese caso está en líos judiciales Jaime Ramírez Cobo, exasesor de la “dama de las maletas”, la mandamás de la Casa de Nariño, Laura Sarabia, quien –distanciada de Petro– tiene sus propios enredos con la ley.
A juicio también fue llamaron el presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña petrista, Ricardo Roa, y por eso tiene en el limbo las acciones y la credibilidad de empresa estatal más importante de Colombia.
También va a juicio la mano derecha del Presidente y de Benedetti, la mañosa Juliana Guerrero, por las trampas para hacerse “digna” del cargo de viceministra, con un diploma universitario chimbo.
No es exagerado afirmar que la cúpula del gobierno petrista, resultó ser más que un equipo de gobierno, un grupo de personajes con licencia, desde el poder, para delinquir.
Y el Presidente no sabe no responde, pues nunca asume la más mínima responsabilidad política, ni ha presentado disculpas públicas por la manada de expertos ladrones que nombró. Por el contrario, se ha dedicado a culpar hasta a la vaca, menos a sí mismo.
Cada semana, no falta alguno cercano a Petro en procesos judiciales. Funcionarios convertidos en titulares judiciales recurrentes.
A esto se suman polémicas sobre el uso de recursos públicos en gastos asociados a la primera dama, Verónica Alcocer de quien se duda si lo es o es otro engaño, incluyendo cuestionamientos públicos sobre contratos relacionados con imagen, logística, fotografía y gastos de representación que, según denuncias políticas y mediáticas, habrían alcanzado montos cercanos a 23.000 millones de pesos. Son cuestionamientos que siguen siendo materia de debate público y control político.
Lo relevante no es solo cada caso aislado. Es el patrón.
Un gobierno que arrancó hasta superando los topes electorales, con dineros de origen dudoso, pero responde a cada escándalo con la misma fórmula: victimización política, narrativa de persecución y polarización sistemática. Cada control institucional es presentado como sabotaje. Cada investigación como conspiración. Cada crítica como intento de golpe.
El libreto es conocido en la política regional: convertir el conflicto en herramienta de gobernabilidad.
En ese contexto, la derecha cobarde guarda silencio, mientras crece el temor en la sociedad —no como teoría conspirativa, sino como advertencia ideológica— de que el objetivo de fondo sea consolidar mayorías políticas para impulsar transformaciones estructurales del sistema institucional, incluso cambios constitucionales profundos que reconfiguren el equilibrio de poderes.
La historia latinoamericana registra procesos donde la concentración de poder comenzó con discursos populares y terminó debilitando contrapesos institucionales. No todos los procesos fueron iguales. Pero el antecedente existe y forma parte del debate político actual.
Mientras tanto, el país enfrenta criminalidad creciente, crisis sociales, incertidumbre económica y emergencias mal atendidas.
Con ese panorama, incluso sectores cercanos al petrismo empiezan a marcar distancia. La USO, sindicato petrolero históricamente alineado con causas progresistas, lanzó una reprimenda pública inédita. Su presidente, Martín Ravelo, fue categórico, al recriminar a Petro: “opinar sin conocer el problema petrolero produce disparates. Y añadió algo que hoy suena más político que técnico: decir disparates no resuelve nada”.
El problema es que, cuando un gobierno pierde resultados, suele reemplazarlos por relato.
Cuando pierde gestión, reemplaza con confrontación.
Cuando pierde credibilidad, reemplaza con enemigos.
Y Colombia hoy parece estar atrapada exactamente en ese punto, lo verdaderamente grave no es solo el volumen de los escándalos. Es la ausencia absoluta de responsabilidad política.
No hay autocrítica.
No hay corrección de rumbo.
No hay reconocimiento de errores.
Solo hay relato y más relato.
El libreto parece sencillo: lanzar medidas populares sin sustento técnico, esperar la reacción institucional (Consejo de Estado), y luego convertir cualquier control en prueba de que “las élites están contra el pueblo”. Y, finalmente llamar a la calles.
La caricatura —que algunos ven como estrategia— sería así: subir salarios sin respaldo técnico para ganar fervor popular, esperar demandas judiciales, presentarlas como ataque de poderosos contra la gente, y convertir cada decisión técnica en combustible político. No como política pública, sino como ¡gasolina emocional!
Y en esa lógica, el siguiente paso siempre es el mismo: polarizar, agitar, movilizar, dividir. No necesariamente para gobernar mejor, sino para sobrevivir políticamente.
Hay sectores sociales —ya lo dicen abiertamente— que el objetivo de fondo es consolidar mayorías políticas para rediseñar las reglas del juego institucional: impulsar reformas estructurales, incluso cambios constitucionales profundos, concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar contrapesos. Es un temor político real en el debate público, aunque no sea un hecho probado ni inevitable.
La historia latinoamericana, además, dejó suficientes ejemplos de cómo gobiernos que empezaron con discurso popular terminaron erosionando instituciones. Cada país fue distinto, cada proceso tuvo matices, pero la advertencia existe en la memoria política de la región.
Lo que sí es verificable hoy no es un “plan secreto”, sino algo más simple y preocupante: un gobierno sin autocrítica, rodeado de escándalos, con discurso cada vez más radicalizado y con una narrativa permanente de enemigo interno.
Mientras tanto, el país real —el de la inseguridad, la crisis económica, las emergencias climáticas, la incertidumbre empresarial— sigue esperando gobierno, no relato.
Porque gobernar no es ganar discusiones en redes sociales.
No es pelear con jueces.
No es convertir cada crítica en conspiración.
Gobernar es resolver problemas. Y ahí es donde el libreto empieza a quedarse sin páginas.
Y cuando un gobierno empieza a depender más del ruido que de los resultados, la historia suele terminar igual: con discursos cada vez más encendidos… y con ciudadanos cada vez más cansados de tanta corrupción, desplifarro y mentiras: un polvorín con mucha gasolina emocional, cuya mecha pueden encender, como parte del libreto.
