Por Lola Portela
Una vez dentro, salir no es una opción
En el suroccidente de Colombia opera, casi sin esconderse, un engranaje clandestino que alimenta la guerra con niños. Es una ruta silenciosa, repetida y sostenida en el tiempo, que conecta barrios urbanos, veredas rurales y selvas controladas por estructuras armadas ilegales. En el centro de ese circuito aparece un mismo punto: el corregimiento de Timba, en Jamundí, convertido —según denuncias y testimonios— en estación clave del reclutamiento infantil atribuido a disidencias al mando de Iván Mordisco.
Y se prenden nuevamente las alertas con información divulgada por SEMANA, donde indica que menores reclutados en departamentos como Chocó, Nariño, Huila, Tolima, Cauca y Valle del Cauca son trasladados primero a Timba. Allí permanecen entre dos y tres semanas en hospedajes del casco urbano que, según la comunidad, funcionan como centros de acopio, antes de su envío a zonas de entrenamiento armado.
“Uno los ve llegar en grupos pequeños, siempre de noche o madrugada. No salen, no preguntan nada. Los cuidan hombres armados. Aquí todo el mundo sabe para qué son esos hoteles”, relató un habitante del corregimiento que pidió reserva de su identidad por seguridad.
Los hospedajes señalados por la comunidad son conocidos como Doña María y La T. Testimonios coinciden en que allí los menores reciben instrucciones básicas mientras esperan su traslado hacia la siguiente fase del proceso: el envío al Naya, una zona selvática donde, según fuentes, funciona una escuela de formación de grandes dimensiones, descrita como un auténtico cantón militar.
En ese territorio, los menores reciben entrenamiento en armas, adoctrinamiento y formación para combate. “Allá los forman para la guerra. Les enseñan a disparar, a moverse en la montaña y a obedecer sin preguntar. Muchos entran siendo niños y salen convertidos en combatientes”, aseguró una fuente con contacto directo con familias afectadas.
Tras el entrenamiento, los menores son distribuidos entre estructuras del Estado Mayor Central de las Farc, consolidando un sistema de redistribución que fortalece la presencia armada en distintos territorios. Entre los frentes mencionados aparecen Franco Benavides (Nariño), Adam Izquierdo (Valle del Cauca), Dagoberto Ramos (Cauca), Carlos Patiño (Cauca y Nariño) y Jaime Martínez (Valle y Cauca).
Un capítulo aparte corresponde a la estructura Ricardo Velázquez, señalada como responsable de acciones terroristas en Jamundí y Cali. Fuentes de inteligencia la describen como una estructura con operación predominantemente urbana, encargada de retenes ilegales, robos de carga, extorsiones y control territorial en ciudades.
“La Ricardo Velázquez recluta directamente en barrios de Jamundí y Cali. Usan amenazas, promesas de dinero o presión sobre las familias. Muchos terminan siendo usados para atentados”, explicó una fuente que conoce el funcionamiento interno del grupo.
En Jamundí, sectores como Terranova, Rodeo, Las Flores y Alameda figuran entre los más golpeados. En Cali, zonas del Distrito y barrios como Terrón aparecen en reportes como focos críticos. Desde allí, los menores son integrados a células vinculadas a ataques con motocicletas bomba, carros bomba y explosivos dirigidos contra la Fuerza Pública.
“Son niños los que están manejando motos cargadas de explosivos. A muchos los mandan sin saber a dónde van. Si se niegan, amenazan a sus familias”, denunció un testigo protegido.
En Timba y Jamondí el silencio domina. Aunque los lugares señalados son conocidos, el miedo impide denuncias públicas. “Aquí nadie se atreve a hablar. El que pregunte mucho aparece amenazado. Todos sabemos que esos hoteles no son normales, pero nadie quiere terminar en una lista”, dijo otro residente.
El fenómeno, advierten analistas y organizaciones, no es improvisado. Responde a una estructura que combina control territorial, intimidación urbana y centros de formación rural. Un circuito que inicia en barrios y veredas, pasa por Timba y termina en frentes armados que sostienen la ofensiva violenta en el suroccidente del país.
Mientras tanto, las familias siguen buscando respuestas. Siguen buscando a sus hijos desaparecidos o sacados desde su hogar: “A mi hijo se lo llevaron y nadie nos dice nada. Solo sabemos que lo vieron por Timba y después nunca más”, contó una madre entre lágrimas.
Las cifras reflejan la gravedad del fenómeno. Según casos verificados por Naciones Unidas, el reclutamiento de niños y niñas en Colombia ha aumentado un 300 % en los últimos cinco años. El informe del Secretario General sobre Niños y Conflictos Armados —que cubre 2025— señala que, en promedio, un menor es reclutado o utilizado cada 20 horas en el país.
“Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias para ellos y sus familias son devastadoras”, afirmó la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat.
Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 55 casos de reclutamiento: 29 en niños y adolescentes y 26 en niñas y adolescentes. La población indígena concentra 35 casos y el Cauca lidera los reportes.
En 2024 se registraron 578 casos de reclutamiento de menores de edad. Más allá de las cifras, el reclutamiento forzado implica la ruptura de proyectos de vida y la exposición a violencia extrema. El Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de garantizar entornos seguros y oportunidades para la niñez y adolescencia.
El reclutamiento infantil constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Sin embargo, factores como el aumento de la violencia, la pobreza, la falta de acceso a educación y la limitada presencia institucional en zonas rurales continúan facilitando el fenómeno.
En muchos casos, los menores son forzados a ingresar para ayudar económicamente a sus familias o para escapar de entornos violentos. Otros son reclutados mediante amenazas o tras ser separados de sus cuidadores. Las redes sociales, además, se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para captar menores con falsas promesas de empleo y oportunidades.
La ruta, según testimonios y reportes, está trazada. Los puntos están identificados. Y mientras las denuncias se acumulan, persiste la pregunta de fondo: por qué, pese a la evidencia y a que la operación ocurre prácticamente a la vista de todos, el reclutamiento infantil sigue avanzando en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano.
