La Contraloría halló un incremento de 7 billones de pesos en la contratación directa de este año.
Por Lola Portela
Un aumento millonario en la contratación directa del Estado encendió las alertas de los organismos de control. La Contraloría General de la República reveló que durante enero de 2026 —justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías— se registró un crecimiento significativo en el número y el valor de los contratos firmados bajo esta modalidad.
Según el informe del ente de control, en el primer mes de 2026 se suscribieron más de 521.000 contratos de forma directa por un valor total cercano a los $32,88 billones. De ese total, 348.495 contratos por $17,7 billones corresponden al orden territorial, mientras que el orden nacional reportó 164.813 contratos por cerca de $14,87 billones. Las corporaciones autónomas regionales sumaron 7.961 contratos por alrededor de $0,3 billones.
El análisis comparativo con enero de 2022 —otro periodo previo a restricciones electorales— evidenció un aumento cercano al 5 % en el número de contratos y un crecimiento aproximado del 30 % en el valor contratado, lo que representa un incremento cercano a $7 billones frente a los cerca de $25 billones registrados en ese momento.
Uno de los datos que más llamó la atención de la Contraloría es la concentración de la contratación en los últimos días del mes. Solo en la última semana de enero se adjudicaron cerca de $14,8 billones, mientras que el 30 de enero fue el día con mayor volumen, alcanzando aproximadamente $5,7 billones en contratos firmados.
El informe también señala un fuerte crecimiento en la contratación directa a nivel nacional, especialmente en la modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). En enero de 2026 se registraron 164.813 contratos por $14,87 billones, lo que significa un aumento de 56.842 contratos y $6,03 billones frente a 2022, cuando se reportaron 107.971 contratos por $8,84 billones.
Al respecto, la senadora María Fernanda Cabal, quien reiteradamente ha denunciado el mal manejo de los dineros del Estado dijo: “Yo lo he dicho muchas veces. La plata alcanza cuando no se la roban. Esto que ha hecho el gobierno Petro con la feria de contratos es escandaloso. Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el Gobierno Petro suscribió 164.813 contratos bajo la modalidad de contratación directa…”
En términos generales, la Contraloría concluyó que cerca del 96 % de los acuerdos —más de 501.000 contratos— se firmaron bajo la modalidad de prestación de servicios, lo que muestra la alta dependencia de esta figura contractual.
Entre las entidades nacionales que más recursos destinaron a la contratación directa se destacan el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) con cerca de $1,7 billones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) con $1,2 billones, y la Aerocivil, con aproximadamente $0,7 billones.
En el nivel territorial, los mayores montos se concentraron en el Distrito de Barranquilla con alrededor de $1,33 billones, seguido por Medellín con $0,88 billones, y Cali con cerca de $0,54 billones.
El hallazgo se produce en un contexto político y fiscal complejo. Mientras se registraba este aumento en la contratación directa, el Gobierno insiste en la necesidad de declarar una nueva emergencia económica para recaudar cerca de $8 billones, recursos que busca destinar a la atención de las emergencias ocasionadas por las lluvias en la Costa Caribe.
La Contraloría explicó que el análisis se realizó con base en la información reportada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) entre el 1 y el 30 de enero de 2026. Es decir, antes de que comenzara a regir la restricción de contratación directa establecida por la Ley 996 de 2005, que entró en vigencia el 31 de enero debido al calendario electoral.
El organismo de control advirtió que continuará monitoreando el comportamiento de la contratación estatal durante el periodo electoral para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
