Por Lola Portela
Un informe de inteligencia de agencias estadounidenses advierte sobre la existencia de una red criminal transnacional que vincula al ELN con organizaciones terroristas de Medio Oriente, operaciones de narcotráfico y esquemas sofisticados de lavado de dinero, con presencia clave en Colombia, Venezuela y varios países fuera del continente.
La captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos sigue sacando a la luz el entramado de corrupción que se gestó, durante décadas, bajo su visto bueno y el apoyo de hombres de confianza del ejército de ese país.
El documento señala que estructuras armadas ilegales, especialmente el ELN, estarían utilizando campamentos en La Guajira para entrenar a criminales internacionales en el uso de drones, sistemas de comunicación y tácticas básicas, como parte de un intercambio ligado al tráfico de drogas. Estas actividades habrían sido posibles gracias a un entramado de corrupción y protección estatal que, durante décadas, permitió la expansión de grupos armados en la frontera colombo-venezolana.
Según el informe, el régimen venezolano y sectores de su fuerza militar facilitaron el asentamiento de organizaciones criminales extranjeras, permitiendo que disidencias de las Farc y el ELN consolidaran su presencia en territorio venezolano y establecieran alianzas con grupos terroristas en Medio Oriente y en otras regiones de América. El narcotráfico se convirtió en el eje económico que sostiene estas relaciones ilícitas.
Las investigaciones revelan conexiones que se extienden desde Colombia y Venezuela hasta Dubái, Catar, Irán e Irak. En particular, se documenta que grupos armados con operaciones en Dubái e Irán mantienen vínculos directos con el ELN, y que desde La Guajira se estaría facilitando el entrenamiento de actores criminales internacionales.
El informe también alerta sobre un repunte de actividades de células de apoyo vinculadas a Hezbolá en la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, una zona históricamente utilizada para la recaudación de fondos, el lavado de dinero y el apoyo logístico a operaciones clandestinas.
Durante los últimos dos años, las agencias estadounidenses han seguido la evolución de una red multinivel que combina crimen organizado, apoyo estatal encubierto, lavado de activos y financiación del terrorismo. El centro de esta estructura estaría en Dubái, donde al menos cuatro individuos de alto perfil, con antecedentes en narcotráfico internacional, operan desde empresas fachada y mantienen una movilidad constante entre Dubái, Doha y Teherán, un patrón asociado a redes que cuentan con protección diplomática y blindaje financiero.
Estas operaciones se apoyan en compañías registradas en Catar, formalmente dedicadas a sectores como infraestructura energética, perforación y transporte industrial, pero que en la práctica sirven para blanquear recursos provenientes del narcotráfico colombiano y venezolano. Los fondos son triangulados a través de contratos inflados e importaciones ficticias, y posteriormente transferidos a estructuras vinculadas a Hezbolá en el Líbano o a entidades financieras asociadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
Parte de estos recursos, según el informe, se destina a financiar operaciones de fuerzas aliadas de Irán en zonas de conflicto como Gaza, Líbano, Siria, Yemen e Irak.
En el hemisferio occidental, el documento señala al régimen venezolano y al denominado Cártel de los Soles como piezas clave en la protección y logística para la exportación de cocaína, armas, oro ilegal y combustible hacia el Caribe, África y Europa. Esta red también estaría involucrada en la protección de operativos de Hezbolá en Venezuela, especialmente en regiones como Guárico, Apure y Caracas, así como en zonas de Colombia.
La Guajira aparece como un punto estratégico por su ubicación entre el noreste colombiano y el occidente venezolano. Allí se han identificado células dedicadas al reclutamiento, contrabando y entrenamiento básico. De acuerdo con el informe, la debilidad institucional y los altos niveles de informalidad en municipios como Maicao y Paraguaipoa han facilitado la infiltración de estructuras financieras, religiosas y criminales con vínculos familiares o comerciales con Hezbolá.
La ruta logística que conecta la triple frontera con Venezuela y, desde allí, con Medio Oriente, hace parte de un corredor transatlántico no convencional utilizado para mover dinero, bienes ilícitos y personas de alto valor. Los desplazamientos documentados desde Líbano y Siria hacia Caracas, con escalas en Maicao, Foz de Iguazú o Santa Cruz de la Sierra, coinciden con patrones observados en operaciones clandestinas de carácter asimétrico.
El informe concluye que grupos como el ELN, las disidencias lideradas por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia están profundamente integrados en este sistema criminal. Estas organizaciones controlan corredores de coca y oro, reciben pagos en criptomonedas, armas o logística, y facilitan el tránsito por rutas ilegales.
En conjunto, la inteligencia estadounidense advierte que esta estructura constituye una “amenaza híbrida transcontinental”, que supera el modelo tradicional del crimen organizado y opera como una arquitectura criminal-ideológica capaz de financiar conflictos armados y evadir los mecanismos clásicos de control judicial y de inteligencia.
Por ello, hacen un llamado contundente y preciso: “la agencia de inteligencia recomienda encarecidamente continuar con el monitoreo de alta prioridad de los flujos migratorios y financieros entre Dubái, Doha, Teherán, Caracas, Bogotá, Ciudad del Este y Maicao, así como reforzar la cooperación técnica con los socios hemisféricos para evitar que esta red consolide la capacidad operativa para escalar a acciones cinéticas directas contra intereses aliados”.
