Por Lola Portela
La reciente denuncia presentada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, contra la senadora María Fernanda Cabal y los congresistas Lina María Garrido y Jota Pe Hernández ha encendido una alarma que va más allá de un simple pulso político. El episodio plantea una pregunta de fondo que interpela a toda la sociedad colombiana: ¿hasta dónde puede llegar un gobierno para acallar la crítica sin vulnerar los pilares de la democracia?
La senadora María Fernanda Cabal ha sido enfática en su respuesta: “No existe el delito de opinión”. Y no se trata de una frase retórica ni de una defensa corporativa entre políticos. Se trata de un principio esencial del Estado de derecho. La libertad de expresión, especialmente la que ejerce la oposición, es una condición indispensable para la democracia. Criminalizar la crítica política, bajo interpretaciones extensivas del Código Penal, constituye un precedente peligroso que puede derivar en censura y autocensura.
La denuncia, radicada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se fundamenta en el artículo 455 del Código Penal, que tipifica los delitos de menoscabo a la integridad nacional e instigación a la guerra. Según el ministro, algunas publicaciones en redes sociales de los congresistas denunciados serían “delictuosas” por supuestamente promover acciones militares de Estados Unidos contra Colombia. Sin embargo, la línea que separa una opinión política —por dura o incómoda que resulte— de un delito penal no puede definirse al vaivén de la sensibilidad del gobierno de turno.
El riesgo es evidente. Si se acepta que una postura crítica, una advertencia política o una interpretación sobre la realidad internacional puede ser judicializada, entonces el debate público queda sujeto al miedo. Como lo advirtió la propia Cabal, “hoy son tres congresistas; mañana podría ser cualquier ciudadano que se atreva a disentir. Esa lógica no fortalece al Estado: lo debilita”.
La democracia no se protege persiguiendo opiniones, sino garantizando que todas puedan expresarse y confrontarse en el terreno de las ideas. La oposición no es un enemigo interno, ni la crítica un acto de traición. Pretender lo contrario es confundir deliberadamente el control político con la subversión, y el disenso con el delito.
María Fernanda Cabal ha reiterado que no se dejará amedrentar y que continuará ejerciendo su labor de control político. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, ese mensaje debería ser respaldado por todos los que creen en una Colombia plural, donde el poder no tema a la palabra y donde la justicia no sea utilizada como herramienta de intimidación.
Porque cuando un gobierno intenta silenciar a la oposición, no solo ataca a unos congresistas: pone en entredicho la libertad de todos.
