Por Lola Portela
El anuncio del presidente Gustavo Petro de fijar el salario mínimo de 2026 en $2.000.000, incluido el auxilio de transporte, desató una de las mayores controversias económicas de los últimos años en Colombia. La medida, que representa un aumento histórico del 23,7 %, el más alto de este siglo y de los últimos 25 años, ha sido celebrada por algunos sectores, pero duramente cuestionada por empresarios, economistas y dirigentes políticos, que advierten riesgos graves para la economía nacional.
El exministro de Hacienda y de Comercio José Manuel Restrepo reaccionó al anuncio y ya se plantea una pregunta clave: ¿el decreto puede ser demandado? Según explicó, existe un precedente relevante. En 2016, el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo por falta de justificación técnica suficiente. Para Restrepo, ese antecedente podría usarse para impugnar la decisión actual, pues —a su juicio— el Gobierno no ha sustentado adecuadamente las razones de un incremento de tal magnitud, pese a los efectos que tendría sobre la inflación, el empleo y la estabilidad macroeconómica. “El Ejecutivo no puede abusar de sus facultades”, señaló, y cuestionó hasta dónde podrían aceptarse aumentos desproporcionados sin un análisis riguroso.
El Gobierno defiende la medida argumentando que busca reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, el propio Petro reconoció que habrá presión sobre los precios. Acompañado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el mandatario aseguró que este ajuste es parte de una política social necesaria, pese a las advertencias del sector productivo.
Con el nuevo decreto, el salario mensual pasará de $1.623.500 a $2.000.000, en un contexto político marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales de 2026. Para la Andi y otros gremios empresariales, se trata de una decisión insostenible y populista, que podría traducirse en despidos, cierre de pequeñas y medianas empresas y mayor informalidad laboral, afectando potencialmente a más de 50 millones de colombianos, frente a los 3,4 millones que recibirían directamente el beneficio.
Economistas advierten que un aumento muy por encima de la inflación proyectada —cercana al 4 %, según el Banco de la República— puede terminar diluyéndose en mayores precios y costos de vida. Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, alertó que este tipo de incrementos “no son duraderos” y pueden generar un efecto macroeconómico desestabilizador. Además, cerca del 50 % de los trabajadores colombianos, en su mayoría informales, ni siquiera alcanzan a devengar un salario mínimo, según el Dane.
Desde el movimiento sindical, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, defendió la decisión y acusó a los empresarios de incomodarse ante la posibilidad de que “al pueblo trabajador le vaya mejor”.
Las críticas se intensifican en medio de un panorama fiscal complejo. La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días, citando una “inminente crisis fiscal”, tras advertencias de organismos internacionales. En este contexto, la senadora María Fernanda Cabal calificó el aumento como “populismo disfrazado de justicia social”, advirtiendo que golpea el empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad: “Pan para hoy, hambre para mañana”. Y en otro trino la senada Cabal expresó: “Chávez anunciaba aumentos de salario mínimo mientras destruía la economía. Petro va por el mismo camino, populismo disfrazado de justicia social que solo genera inflación, desempleo y pobreza. Un economista que no entendió cómo se maneja la economía.“
Por su parte, el exministro José Manuel Restrepo Abondano también en su columna explicó lo complicado de un salario alto sin el rigor de los estudios técnicos: “La política económica, sabiamente recuerda, que el aumento de salario mínimo no puede ser un instrumento politiquero sino una decisión cuidadosa”
El periodista Luis Carlos Vélez se sumó a la tormenta de críticas: “Comprar elecciones a punta de incrementos del salario mínimo es irresponsable, populista y quiebra naciones. Miren los dos videos”.
El debate sigue abierto: mientras el Gobierno insiste en que el alza es un acto de justicia social, sus detractores sostienen que las reglas macroeconómicas están siendo ignoradas y que el país podría enfrentar consecuencias similares a las vividas en otras economías que apostaron por aumentos salariales sin respaldo técnico. La posibilidad de que el decreto termine nuevamente en el Consejo de Estado ya está sobre la mesa.
