Por Lola Portela
Pese a que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado que el decreto con el aumento del salario mínimo para 2026 se conocería entre el 29 y el 30 de diciembre, en la tarde del 28 de diciembre de 2025 comenzó a circular en redes sociales un proyecto de decreto que anticiparía la decisión del Gobierno.
El documento filtrado plantea un incremento del 23 % en el salario mínimo legal vigente, lo que llevaría la remuneración mensual de $1.423.500 a $1.750.905 a partir del 1 de enero de 2026. El ajuste representaría un aumento de $327.405 y estaría en línea con lo anticipado días antes por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró a mediados de diciembre que el salario mínimo debería acercarse a los $1.800.000.
En el proyecto también se introduce de manera formal el concepto de salario mínimo vital, una figura impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro y respaldada por las centrales sindicales. Según el texto, conocido y difundido por periodistas como Norbey Quevedo, la decisión “se adopta como una medida debidamente motivada y constitucionalmente razonable”.
El documento señala que el aumento está orientado a preservar el poder adquisitivo del ingreso laboral frente a la inflación, avanzar de forma progresiva hacia la materialización del salario mínimo vital consagrado en el artículo 53 de la Constitución y garantizar los mínimos de subsistencia de los trabajadores de menores ingresos, en equilibrio con la sostenibilidad macroeconómica, la generación de empleo y los principios del Estado social de derecho.
Implementación gradual
El proyecto aclara que la convergencia entre el salario mínimo legal y el salario vital estimado no se realizaría en una sola vigencia fiscal, sino de manera progresiva. El ajuste del 23 % correspondería a una primera fase dentro de un esquema gradual que tendrá en cuenta las condiciones económicas vigentes.
“La decisión de aplicar un ajuste del 23 % se fundamenta técnicamente en la comparación entre el salario vital estimado y el salario mínimo legal vigente, lo que permite justificar el porcentaje elegido como una medida razonada y alineada con la sostenibilidad fiscal”, se lee en el texto. El documento agrega que en los años siguientes se evaluarían nuevos ajustes para continuar cerrando la brecha salarial.
Sostenibilidad económica
El enfoque gradual, según el proyecto, busca evitar impactos abruptos en la estructura salarial y garantizar que el aumento sea compatible con el contexto económico proyectado. Las autoridades prevén hacer seguimiento a los resultados de la medida y revisar periódicamente las variables macroeconómicas involucradas.
En días recientes, el presidente Gustavo Petro destacó que el salario mínimo ha crecido 17,7 % desde 2022, un aumento que calificó de histórico y que, según dijo, se sustenta en la Constitución y la jurisprudencia. El 23 de diciembre, además, explicó que por primera vez el salario mínimo se definirá con base en la canasta mínima vital.
“Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”, afirmó el mandatario, al señalar que la medida sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias.
¿Qué significa ‘salario vital’?
El salario mínimo vital y móvil es un principio consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece que el ingreso mínimo debe ser suficiente para garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores y a sus familias.
Es decir, cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.
Críticas y advertencias
La iniciativa, sin embargo, ha generado reparos entre algunos expertos. El economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, advirtió que fijar el salario mínimo con base en el concepto de “mínimo vital podría ser un error“. A través de la red social X, señaló que el mínimo vital corresponde a un ingreso por hogar, con varios perceptores, y que no existe una metodología clara para su cálculo.
Restrepo recordó que el salario mínimo es la base regulada de un contrato individual de trabajo y que el ingreso efectivo de un trabajador formal supera ese valor. “Un trabajador que gana un salario mínimo y recibe subsidio de transporte también percibe prima de servicios, cesantías e intereses. Para 2025, con un mínimo, un trabajador ingresa al mes $1.910.319”, indicó.
El candidato a la presidencia Juan Daniel Oviedo también manifestó sus inquietudes e hizo advertencias, a través de sus redes: “El salario mínimo a $1.800.000 sí alegra a algunos… pero complica a muchos más. ¡Son datos y hay que darlos! 1 de cada 10 lo gana. 6 de cada 10 trabajan en la informalidad. Cuando el mínimo sube, suben precios como el corrientazo. Y si la salud sube costos al 10% pero recursos al 5%, el sistema no aguanta. Esto no es ideología. Es realidad económica.”
Efectos en la inflación y el empleo
A estas advertencias se suman las del Banco de la República, que ha señalado que incrementos elevados del salario mínimo pueden presionar la inflación —que en noviembre de 2025 se ubicó en 5,30 % anual— al trasladarse a los precios de bienes y servicios.
La entidad también ha alertado sobre posibles efectos negativos en el mercado laboral, como una menor generación de empleo y un aumento de la informalidad, por lo que recomienda que los ajustes salariales mantengan coherencia con la productividad y la inflación proyectada.
Agotados los diálogos, la útlima palabra la tiene el Presidente de la República, como lo establece la Constitución, y queda sólo esta semana para conocer el decreto que establece la decisión final de cuánto será el salario mínimo para el 2026.
