Por Lola Portela
La Federación Colombiana de Víctimas y diversos sectores sociales rechazaron el reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, al considerar que la decisión silencia a las víctimas del conflicto armado y protege a antiguos responsables de graves crímenes.
Sandra Ramírez, también conocida como Griselda Lobo Silva, nació el 15 de mayo de 1963 en La Paz, Santander. Es una senadora del partido Comunes y excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc. Ramírez estuvo bajo las órdenes de Jacobo Arenas durante un año y luego pasó a las de alias “Tirofijo”, de quien fue escolta, enfermera y compañera sentimental hasta su muerte en 2008. En el campamento de Tirofijo, en La Uribe, Meta, también se dedicó a la fotografía y fue entrenada en comunicaciones militares, y cifrado y descifrado de mensajes de la guerrilla y del Ejército.
Una vez se conformó el partido Farc en septiembre de 2017, entró a hacer parte de su Dirección y de su Consejo Político Nacional, conformados por antiguos cabecillas del secretariado y los exguerrilleros. Llegó en 2018 al Congreso con las 10 curules que lograron en el Acuerdo de La Habana. Fue la quinta de la lista al Senado, por lo que ocupó una curul a pesar de los malos resultados de su partido. Ramírez fue la sorpresa del arranque de la legislatura 2020 – 2021 al ser elegida como la segunda vicepresidente del Senado con 66 votos. Hecho histórico porque por primera vez un excombatiente de las Farc ocupaba un lugar en la mesa directiva del Congreso.
En 2021 cambió su nombre de nacimiento, Griselda Lobo Silva, y acogió con el que era conocida en las Farc: Sandra Ramírez.
En 2022 integró la lista de Comunes al Senado. Aunque el partido redujo su votación conservó las cinco curules en Senado y Cámara por el Acuerdo de Paz. Una de ellas, para Ramírez. Apoya las iniciativas del gobierno Petro.
La sentencia de la Corte Constitucional que favorece a Sandra Ramírez, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, sostiene que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que “no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante el conflicto”. Bajo ese argumento, la Corte concluyó que los señalamientos públicos vulneran sus derechos fundamentales y deben ser corregidos.
No obstante, para las organizaciones de víctimas, el fallo constituye una “mordaza judicial” que limita la libertad de expresión y el derecho a la denuncia. A su juicio, “la decisión desconoce el dolor de miles de personas afectadas por delitos como reclutamiento forzado, secuestro y violencia sexual, muchos de los cuales aún no han recibido una respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.
Una de las voces más críticas fue la de Sofía Gaviria, presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, quien en un pronunciamiento público rechazó con dureza la decisión del alto tribunal. “Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era responsable de entregar como carne de cañón a niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente esta decisión”, afirmó.
Sofía Gaviria agregó que el fallo envía un mensaje de impunidad y castiga la verdad histórica. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad y desconocer el sufrimiento de miles de víctimas. A cientos de niñas les desgarraron el alma”, dijo, aludiendo a prácticas de violencia sexual denunciadas durante el conflicto.
Otras organizaciones de víctimas coincidieron en que la sentencia restringe el derecho a la memoria histórica y a la denuncia pública, pilares fundamentales para la reparación y la reconciliación. Advirtieron que no puede haber justicia ni garantías de no repetición si se impone el silencio sobre los crímenes del pasado, y exigieron a las instituciones del Estado asegurar que las voces de las víctimas sigan siendo escuchadas.
