Por Lola Portela
La senadora y líder de la oposición María Fernanda Cabal presentó una demanda ante la Corte Constitucional contra el Decreto Legislativo 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica y Social por 30 días. La acción busca que el alto tribunal frene el uso de facultades excepcionales que, según precisa la congresista, no cumplen los requisitos exigidos por la Constitución.
A través de sus redes sociales, Cabal confirmó la radicación de la demanda y explicó que la declaratoria de emergencia no se apoya en hechos sobrevinientes ni imprevisibles, como lo exige el artículo 215 de la Carta Política. Por el contrario, sostiene que el Ejecutivo fundamentó la medida en problemas fiscales ampliamente conocidos dentro del ciclo presupuestal.
En el escrito se señala que el déficit fiscal, la insuficiencia de ingresos y el hundimiento de la ley de financiamiento hacen parte del debate ordinario de la política económica y no constituyen una calamidad pública ni una situación extraordinaria que justifique un estado de excepción. Para la senadora, acudir a la emergencia en este contexto implica desnaturalizar una herramienta constitucional excepcional.
“La emergencia económica no puede usarse para corregir errores de planeación ni para suplir la falta de respaldo político en el Congreso. Ninguno de los argumentos del Gobierno cumple el estándar de hechos imprevisibles que exige la Constitución”, advierte la demanda.
El documento también alerta que elevar estas dificultades al nivel de un estado de excepción rompe el equilibrio entre las ramas del poder público y debilita el control legislativo. En ese sentido, Cabal sostiene que convertir contingencias normales del proceso democrático en una emergencia abre la puerta a un gobierno por decreto.
Tras presentar la acción, la senadora insistió en que corresponde ahora a la Corte Constitucional intervenir para proteger la separación de poderes y evitar que las facultades extraordinarias se utilicen para imponer decisiones fiscales sin el trámite y el debate propios del Congreso.
Será el alto tribunal el encargado de examinar si el decreto cumple con los requisitos formales y materiales establecidos por la Constitución y si las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro se ajustan a los límites del estado de emergencia declarado.
