Por Lola Portela
El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional y, con ello, activó la posibilidad de modificar e incrementar varios impuestos para cubrir el hueco fiscal que dejó, según argumentan, el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. La medida quedó consignada en el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025 y tendrá una vigencia inicial de 30 días.
Aunque el decreto no impone de forma inmediata nuevos tributos, sí deja claramente definidos los impuestos que podrán ser incrementados o ajustados mediante decretos legislativos con fuerza de ley, los cuales estarán bajo revisión posterior de la Corte Constitucional. El objetivo central es recaudar cerca de $16,3 billones, monto que el Ejecutivo esperaba obtener con la reforma tributaria archivada por el Congreso.
Los impuestos que el Gobierno podrá modificar o aumentar
El documento oficial establece los ejes tributarios sobre los que el Ejecutivo concentrará sus decisiones durante la emergencia:
1. Cambios en el IVA (Impuesto al Valor Agregado)
El decreto autoriza revisar las tarifas diferenciales y tratamientos especiales del IVA frente a la tarifa general del 19%. En la práctica, esto abre la puerta a:
- Incrementos del IVA en bienes y servicios que hoy cuentan con tarifas reducidas.
- Eliminación de exenciones o beneficios sectoriales.
Aunque no se especifican productos concretos, el Gobierno deja claro que el IVA será uno de los instrumentos centrales de ajuste.
2. Impuesto al patrimonio para personas naturales
El Ejecutivo plantea fortalecer o crear un impuesto al patrimonio con un enfoque más progresivo, dirigido a personas naturales con altos niveles de riqueza. La intención es aumentar la carga tributaria sobre los contribuyentes con mayor capacidad económica.
3. Mayor tributación al sector financiero
El decreto señala explícitamente la posibilidad de incrementar los impuestos que paga el sector financiero, uno de los sectores con mayor recaudo potencial. Esto podría traducirse en sobretasas o ajustes a gravámenes ya existentes para bancos y entidades financieras.
4. Impuestos saludables
Se prevé el fortalecimiento de los impuestos al consumo de productos nocivos para la salud, entre ellos:
- Bebidas alcohólicas.
- Cigarrillos.
- Productos alternativos como vapeadores.
El Gobierno argumenta que estos tributos, además de recaudar recursos, cumplen un objetivo de salud pública.
5. Impuestos ambientales
El decreto también prioriza tributos destinados a corregir externalidades negativas ambientales, lo que abre la puerta a nuevos gravámenes o al aumento de impuestos existentes relacionados con actividades contaminantes o extractivas.
Medidas que aún no son oficiales, pero siguen sobre la mesa
En días previos a la expedición del decreto circularon borradores que mencionaban medidas como:
- Aumentar el 4×1.000 al 5×1.000.
- Gravar con IVA licores, cigarrillos y apuestas en línea.
- Crear impuestos a la extracción de combustibles fósiles.
Sin embargo, ninguna de estas decisiones quedó formalizada en el Decreto 1390. Su eventual adopción dependerá de los decretos legislativos que el Gobierno expida durante el periodo de emergencia.
La justificación fiscal del Gobierno
El Ejecutivo sostiene que el país enfrenta una crisis fiscal “grave e inminente” que compromete la prestación de servicios públicos y el cumplimiento de obligaciones inaplazables. Entre las presiones presupuestales citadas están el costo del sistema de salud (UPC), subsidios a la energía, sentencias judiciales por $1,5 billones, deudas con víctimas del conflicto armado y restricciones al endeudamiento por la regla fiscal.
Según el Gobierno, la caída de dos reformas tributarias consecutivas —una por $12 billones y otra por $16,3 billones— dejó al Estado sin margen de maniobra por las vías ordinarias, obligándolo a recurrir al estado de excepción.
Control político y revisión constitucional
El decreto establece que, una vez finalice la emergencia, el Congreso ejercerá control político sobre las medidas adoptadas. Además, todas las normas tributarias que se expidan deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que decidirá si los nuevos impuestos o incrementos se ajustan a la Carta Política.
Con esta declaratoria, el Gobierno Petro no solo reconoce la gravedad de la situación fiscal, sino que deja claro que el ajuste vendrá por la vía de mayores impuestos, especialmente sobre el consumo, el patrimonio, el sector financiero y actividades con impacto ambiental y en la salud pública.
Sin embargo, ante la crisis el gobierno no habla de apretarse el cinturón en los gastos del Estado.
