Por Lola Portela
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) volvió a quedar en el centro de la controversia nacional tras anunciar este viernes su Primera Sentencia Adversarial Transicional, un fallo que no solo marca un precedente jurídico, sino que ha encendido un intenso debate sobre el verdadero sentido de la justicia en el posconflicto colombiano.
En el centro del caso está el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, a quien la JEP condenó a 20 años de prisión porque le atribuye responsabilidad por la muerte de 72 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003. El tribunal sostiene que los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado y que, al no reconocer responsabilidad ni aportar a la verdad, el oficial retirado debe enfrentar la sanción penal.
Las críticas se han amplificado hasta en el ámbito político. La senadora María Fernanda Cabal Molina fue una de las voces más contundentes al salir en defensa del oficial retirado.
“El coronel Mejía es inocente y es un héroe sin igual. Su ‘pecado’ fue combatir y derrotar al terrorismo”, escribió en su cuenta de X, reflejando el sentir de quienes consideran que hoy se está criminalizando a miembros de la Fuerza Pública por cumplir su deber constitucional en uno de los periodos más violentos de la historia reciente.
El debate se intensificó luego de que Blu Radio informara:
“La @JEP_Colombia condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos que se cometieron mientras comandó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar”.
Las publicaciones se convieron en una ola de reacciones en redes sociales, preguntas y desconcierto de muchos ciudadanos:
“Si al coronel le impusieron 20 años de prisión por 72 casos de falsos positivos, ¿cuántos años deberían recibir los pedófilos del partido Comunes, a Pablo catatumbo, a Timochenko y a Sandra? La justicia debe ser implacable y la cifra debería ser mil años para estos criminales“.
Mientras la JEP avanza con procesos contra agentes del Estado, crece la percepción de asimetría en el tratamiento judicial, pues antiguos comandantes guerrilleros responsables de secuestros, reclutamiento forzado, desplazamientos masivos y asesinatos han recibido beneficios jurídicos sin, según críticos, revelar plenamente la verdad. Lejos de sanar heridas, advierten, este desequilibrio alimenta el resentimiento y la polarización.
Analistas, por su parte, alertan que la sentencia adversarial contra el coronel Mejía podría sentar un precedente peligroso: disuadir a las Fuerzas Militares de actuar con firmeza frente a amenazas graves, por el temor de ser juzgados décadas después sin una valoración integral del contexto de guerra.
Y es que según testigos y analistas citados en un reciente video publicado por medios independientes, las operaciones del Batallón La Popa en esa región tenían como objetivo neutralizar estructuras de narcoterrorismo que mantenían bajo asedio a comunidades enteras. Para sus defensores, el coronel Mejía actuó bajo órdenes legítimas; en un escenario de guerra no convencional donde los grupos armados ilegales diluían deliberadamente las fronteras entre combatientes y civiles. La pregunta que surge es inevitable: ¿dónde queda la proporcionalidad y el análisis del contexto bélico real?
Entre tanto, la JEP insiste en que su mandato es garantizar verdad, justicia y no repetición. Pero para muchos colombianos —como lo expresó la propia senadora María Fernanda Cabal— lo que está en juego no es solo el destino judicial de un soldado, sino el reconocimiento del sacrificio de quienes defendieron la patria, mientras otros, hoy beneficiados políticamente, empuñaban las armas contra ella.
