El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, lanzó un fuerte pronunciamiento en defensa del proyecto 10.000 Socios Yopal, asegurando que existe una “persecución política” que estaría afectando a más de 20.000 a 30.000 familias vinculadas al proceso de compra y gestión de tierras en la capital casanareña.
Desde hace varios años, miles de familias decidieron organizarse de manera voluntaria para adquirir terrenos rurales en zonas aledañas a Yopal, con el acompañamiento técnico y la experiencia del exmandatario. El objetivo, según los voceros del proyecto, es impulsar iniciativas productivas que generen ingresos y, en el futuro, avanzar hacia posibles desarrollos de vivienda, siempre bajo los requisitos técnicos y jurídicos que establece la ley colombiana.
Señalamientos de supuesta persecución
Torres ha reiterado que diversas entidades públicas —entre ellas Corporinoquia, Planeación Municipal y otras dependencias— estarían adelantando actuaciones sin sustento jurídico en contra del proyecto y de los asociados. Según su versión, se trata de procesos estrictamente privados, protegidos por el derecho constitucional a la libre asociación.
“Dejen la persecución política y no se metan con más de 30 mil familias en Yopal”, expresó Torres, denunciando que las intervenciones institucionales afectan directamente a las comunidades que buscan construir un patrimonio mediante mecanismos legítimos.
Disputa por presunta tala ilegal
En predios como La Guafilla y La Selvita, propiedad de los asociados, se han realizado visitas oficiales acompañadas, en algunos casos, por la fuerza pública. Corporinoquia y funcionarios municipales han señalado posibles talas o aprovechamientos forestales sin autorización.
Los representantes del proyecto rechazan estas acusaciones y aseguran que toda la madera presente en los terrenos fue adquirida legalmente, con permisos vigentes y a proveedores autorizados. Aseguran que no existe deforestación y que las actuaciones estatales estarían siendo mal interpretadas o respondiendo —según sus denuncias— a intereses políticos locales.
Llamado a garantías y respeto institucional
Torres pidió a las autoridades nacionales y regionales “no dejarse instrumentalizar políticamente” y actuar con imparcialidad. Afirmó que cualquier intervención que afecte al proyecto repercute en miles de familias que han invertido recursos para acceder a tierra y oportunidades productivas.
Asimismo, cuestionó las motivaciones detrás de las actuaciones recientes y sugirió que podrían estar relacionadas con intereses electorales. “Será en las urnas donde la comunidad decida”, señaló.
Por ahora, los asociados continúan desarrollando sus iniciativas productivas y avanzando en la estructuración de proyectos que buscan fortalecer el bienestar económico y social de las familias vinculadas.
