Por Lola Portela
Mientras el Consejo de Estado aún no asigna la demanda que la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó para frenar la designación de dieciséis exjefes paramilitares como gestores de paz, los antiguos mandos de las Autodefensas ya salieron a rechazar la acción de nulidad.
Irís Marín le pidió al alto tribunal tumbar la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual el presidente Gustavo Petro integró a los exparas a una “Mesa Técnica de Diálogo Social” encargada de evaluar el funcionamiento del sistema de Justicia y Paz.
Esta resolución presidencial otorgó el estatus de gestores de paz a 16 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Defensoría del Pueblo solicitó al Consejo de Estado la nulidad de dicha medida, argumentando la falta de claridad sobre las funciones asignadas a los beneficiarios y advirtiendo sobre los riesgos políticos y sociales que implica su vigencia.
El documento presentado por la Defensoría, de 56 páginas y firmado por Iris Marín Ortiz, actual titular de la entidad, fue remitido al alto tribunal con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025.
Esta resolución, emitida por la Presidencia de la República bajo la administración de Gustavo Petro, designó como gestores de paz a 16 exmiembros de las AUC, entre los que figuran nombres como Salvatore Mancuso, “Jorge 40″ y “Don Berna”
La demanda subraya que varios de los designados fueron excluidos previamente del proceso de Justicia y Paz por reincidir en actividades delictivas o por incumplir compromisos relacionados con la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
El órgano también advirtió que la decisión presidencial “altera el orden político y social al conferir un rol institucional a responsables de crímenes graves, lo que mina la confianza pública en la justicia y en el Estado como garante de los derechos humanos”.
Por lo anterior, el Consejo de Estado deberá decidir si admite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y, en caso afirmativo, proceder a su estudio de fondo.
Defienden su nombramiento
Y los nombrados gestores de paz, en su escrito, los firmantes expresaron su sorpresa y cuestionaron lo que consideran afirmaciones “prejuiciosas e imprecisas” por parte de la Defensoría del Pueblo.
“Los Gestores de Paz designados por el señor presidente de la República de Colombia abajo firmantes, queremos expresar nuestra sorpresa por la acción administrativa interpuesta por la Defensoría del Pueblo en cabeza de la Dra. Iris Marín Ortiz, más aún, cuando se basa en prejuicios e imprecisiones graves, viniendo de la institución que vela por los derechos del conjunto de la sociedad colombiana”, se lee en el texto.
También, aseguraron que durante más de 20 años han cumplido con todas las obligaciones impuestas por la justicia, así como con los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
En ese sentido, calificaron como despectivo que la Defensoría los señale como responsables de crímenes de lesa humanidad con historial de incumplimientos.
“Cabe señalar que nosotros nos desmovilizamos entre 2003 y 2006 en el marco de una negociación política con el Estado colombiano y que por varias razones que le corresponde al Estado explicar, no fue firmado ni cerrado como debería ser en un proceso en el cual se desmovilizaron más de 35 mil hombres y mujeres (…) hemos cumplido cabalmente con todas las instancias de la justicia colombiana tanto ordinaria como transicional, además de nuestra participación en los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgida del acuerdo con las FARC”, añadieron.
Por otro lado, aseguraron que su rol como gestores de paz no reemplaza ni interfiere con los procesos judiciales en curso, sino que pretende contribuir de manera restaurativa en asuntos como la búsqueda de desaparecidos, la entrega de verdad y la identificación de bienes destinados a la reparación.
También expresaron su preocupación por lo que interpretan como falta de atención de la entidad frente a problemas que consideran graves, como los asesinatos de miles de excombatientes desmovilizados desde su entrega de armas.
Argumentos al Consejo de Estado
Finalmente, anunciaron que presentarán ante el Consejo de Estado sus argumentos jurídicos y fácticos para controvertir la demanda.
Además, invitaron a la Defensora a un diálogo público sobre el papel de los gestores de paz y el alcance de la justicia restaurativa, con el fin de que la ciudadanía pueda evaluar de manera transparente los debates alrededor de la reconciliación y la no repetición.
“Nuestros abogados prepararan los argumentos que se harán llegar al Consejo de Estado, pero le hacemos un llamado a un diálogo público sobre los temas que plantea en la demanda porque creemos que a la sociedad le asiste el derecho de conocer estos debates y tener un juicio sobre lo que más le convenga al país en materia de restitución de derechos y tránsito hacía el perdón, la reconciliación y por ende la paz”, finaliza la carta firmada incluso por Salvatore Mancuso Gómez.
