Por Lola Portela
La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra la exviceministra de Juventud, Juliana Guerrero, al identificar un presunto detrimento patrimonial por $213 millones relacionado con el uso de aeronaves de la Policía Nacional para desplazamientos sin justificación oficial.
Según el organismo de control, Guerrero —quien se desempeñaba en el Ministerio del Interior al momento de los hechos— habría realizado cinco vuelos en aviones de la Policía con destino a la Universidad del Cesar, pese a que dichos traslados no guardaban relación con sus funciones dentro de la entidad. El valor señalado corresponde exclusivamente al gasto en combustible utilizado para estos desplazamientos.
El caso adquiere mayor notoriedad debido a que Guerrero ya había sido mencionada en controversias previas, entre ellas las denuncias sobre falsificación de diplomas académicos. De acuerdo con la Contraloría, mientras no asistía a clases en la Fundación San José, sí habría utilizado aeronaves oficiales, con el objetivo de que la funcionaria asistiera al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, objetivo que no cumple con la misionalidad del Ministerio donde la funcionaria se desempeñaba.
Según la entidad, entre el 19 y el 21 de junio de 2025 se realizaron cinco vuelos oficiales que terminaron generando un hallazgo fiscal por $213.548.069, valor correspondiente al costo total de los desplazamientos, vuelos que tenían como pasajeros a Juliana Guerrero, Verónica Guerrero y Ricardo Adolfo Suárez.
La Contraloría, en medio de las investigaciones, determinó que Juliana Guerrero abordó las aeronaves en rutas que conectaron Bogotá, Valledupar y Aguachica.
La investigación determinó también que en el vuelo del 19 de junio de este año, Guerrero viajó de Bogotá a Valledupar a las 10:44 de la noche, con el pretexto de asistir a una “reunión con comunidad”, vuelo que fue justificado por el supervisor del Convenio del Ministerio del Interior, en donde solicitó “la disponibilidad de una aeronave, con el fin de facilitar un vuelo para el traslado del personal del señor ministro y su comitiva”.
Este tipo de vuelos exige no solo autorización del ministerio correspondiente, sino también que la actividad estuviera estrictamente alineada con la misión de la entidad; así lo afirmó la Contraloría, agregando la afectación de la cartera del Interior
“Si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior”, concluyó la Contraloría, señalando una infracción directa al criterio de misionalidad.
El ente de control calificó la situación como un hallazgo fiscal grave, dado el uso injustificado de bienes públicos, y anunció el inicio de los procesos correspondientes para determinar responsabilidades y eventuales sanciones.
